El diputado Osbaldo Santillán Gómez propuso reformar el Código Civil del Estado para que los padres o madres que hayan incumplido de manera grave, reiterada e injustificada sus responsabilidades durante la infancia de sus hijos no puedan exigirles posteriormente una pensión alimenticia, cuando se acredite el abandono ante la autoridad judicial.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México cuestionó si es justo que un padre o una madre que abandonó a sus hijos pueda exigirles años después que se hagan cargo de su manutención, como si nunca hubiera faltado a sus responsabilidades.
Al ampliar los motivos de la iniciativa, explicó que existen personas que crecieron sin recibir alimentos, educación, atención médica ni apoyo económico de alguno de sus progenitores, y que tuvieron que salir adelante con el respaldo de sus madres, abuelos u otros familiares, mientras quien tenía la obligación legal de cuidarlos permaneció ausente.
La propuesta establece que no sea exigible la obligación de proporcionar alimentos al padre o la madre cuando se demuestre que, durante la minoría de edad de sus hijos, incumplieron injustificadamente sus responsabilidades alimentarias, pese a contar con las posibilidades materiales para hacerlo.
Santillán Gómez aclaró que la iniciativa no pretende castigar la pobreza ni dejar desprotegidas a las personas adultas mayores, ya que contempla una distinción entre quienes no pudieron cumplir por circunstancias como enfermedades, desempleo, discapacidad o dificultades económicas, y quienes, teniendo las condiciones para hacerlo, decidieron abandonar sus obligaciones.
Precisó que no será suficiente con que una persona manifieste haber sido abandonada, sino que deberá demostrarlo ante la autoridad jurisdiccional mediante pruebas y una resolución debidamente fundada y motivada.
Para determinar cada caso, se plantea analizar los antecedentes de incumplimiento, las resoluciones judiciales y la capacidad económica que tuvo el progenitor durante la infancia de sus hijos. También podrán considerarse las inscripciones en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como elementos de prueba, aunque estas no serán suficientes por sí solas para determinar la resolución.