El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la protección de la propiedad social y reconocer los derechos colectivos de ejidos y comunidades agrarias e indígenas, con el propósito de darles mayor certeza jurídica sobre sus territorios y su patrimonio.
La Comisión de Puntos Constitucionales presentó al pleno el dictamen de modificación al artículo 27. Según el texto, busca que los ejidos y las comunidades agrarias sean reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena, patrimonio propio y acceso directo a programas, recursos públicos y mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo.
Qué contempla el dictamen
El diputado Bernabé Aguilar Carrillo, quien intervino en la discusión, explicó que el dictamen incluye medidas para proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, así como para prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios.
Añadió que estas disposiciones vinculan la propiedad social con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar de las comunidades agrarias.
“La tierra no es solo una superficie para producir alimentos”
Aguilar Carrillo dijo que hablar de propiedad social es hablar de la historia, las raíces y la lucha de miles de mujeres y hombres del campo que han defendido la tierra como patrimonio familiar.
“La tierra no representa únicamente una superficie para producir alimentos, sino también identidad, cultura, pertenencia, trabajo y futuro. En el caso de los pueblos indígenas, el territorio constituye una parte esencial de su organización comunitaria, sus tradiciones y su relación con la naturaleza”, puntualizó.
El legislador subrayó que la discusión va más allá de un asunto técnico o jurídico, pues se trata de proteger los derechos de quienes han conservado sus tierras pese a las dificultades económicas, las desigualdades históricas y las presiones que enfrentan las comunidades rurales.
Desde la tribuna, afirmó que la justicia social debe traducirse en respeto a los derechos, atención a las comunidades históricamente rezagadas y oportunidades para quienes han contribuido al desarrollo del país desde el campo.