Maestras y maestros de Durango tienen miedo de ejercer su profesión, llamar la atención a un estudiante o aplicar medidas disciplinarias ante el riesgo de enfrentar amenazas, hostigamiento o acusaciones sin fundamento, advirtió el diputado local Iván Soto Mendía, quien llamó a fortalecer la certeza jurídica del personal educativo sin afectar los derechos de la niñez.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador recordó que su bancada presentó una iniciativa para proteger a docentes, directivos y personal administrativo ante situaciones que puedan comprometer su trayectoria profesional, estabilidad laboral y entorno familiar.
“Hay maestras y maestros que hoy tienen miedo de ejercer su profesión, miedo de llamar la atención a un estudiante, de aplicar una medida disciplinaria o de enfrentar un conflicto con algún padre de familia”, expresó desde la tribuna, al señalar que esta preocupación también deriva de su experiencia como docente.
Soto Mendía advirtió que una acusación sin fundamento puede afectar en pocos días una trayectoria de 20 o 30 años de servicio, especialmente cuando el trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente, incluso si las investigaciones posteriores no encuentran elementos para acreditar su responsabilidad.
Aclaró que la propuesta no pretende desestimar las denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas, sino atender las consecuencias personales, familiares y profesionales de los casos en los que las acusaciones no logran acreditarse. “Proteger a nuestros estudiantes es y seguirá siendo una obligación. No son derechos que deban enfrentarse, son garantías que deben coexistir”, puntualizó.
El diputado sostuvo que se trata de situaciones que han ocurrido en Durango y estados vecinos, y mencionó que, de acuerdo con su exposición, congresos locales de Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero han aprobado iniciativas para fortalecer la seguridad jurídica de los trabajadores de la educación.
Finalmente, llamó a las comisiones legislativas encargadas de analizar la iniciativa a escuchar al magisterio, las autoridades educativas, las familias y especialistas en derechos de la infancia, con el objetivo de construir una propuesta equilibrada que garantice la protección de todos los integrantes de la comunidad escolar.