Reformar el Código Penal y la Ley de Educación de Durango para proteger al personal docente, directivo y administrativo frente a amenazas, acoso y denuncias presentadas deliberadamente con hechos falsos, propuso la diputada Dany Soto Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
La iniciativa plantea establecer sanciones específicas para quienes presenten acusaciones falsas ante las autoridades o amenacen al personal educativo para intimidarlo o coaccionarlo en el ejercicio de sus funciones. También propone considerar como agravante los casos en que una persona adulta utilice intencionalmente a niñas, niños o adolescentes para sostener una acusación que sabe falsa.
Al exponer los motivos de la propuesta, Soto Hernández señaló que la protección de los estudiantes debe acompañarse de garantías para quienes trabajan en las instituciones educativas. “Una escuela segura necesita estudiantes protegidos, familias escuchadas y docentes que puedan ejercer su vocación sin miedo”, expresó.
La legisladora aclaró que una denuncia que no logra acreditarse no debe considerarse automáticamente falsa. Explicó que, para establecer una posible responsabilidad penal, deberá demostrarse que la persona conocía la falsedad de los hechos denunciados, sin castigar a quienes presentan quejas de buena fe para proteger a sus hijas e hijos.
“Que ninguna denuncia legítima quede sin investigar y que ninguna persona sea sancionada sin que se acredite su responsabilidad”, enfatizó.
El segundo eje de la iniciativa busca fortalecer las garantías de audiencia, defensa y debido proceso en la atención de quejas dentro de las instituciones educativas. Para ello, propone que los procedimientos se desarrollen con objetividad y confidencialidad, además de establecer que las medidas provisionales estén fundamentadas y sean proporcionales al riesgo identificado.