El Congreso del Estado desarrollará una semana de intensa actividad legislativa con reformas constitucionales, judiciales y adecuaciones legales que forman parte de los acuerdos y consensos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas al cierre del Periodo Ordinario de Sesiones.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, informó que durante los últimos días se ha trabajado de manera permanente para construir acuerdos que permitan avanzar en diversos temas legislativos.
“Sí será una semana de mucha actividad, muy intensa en todas las legislaciones. Entonces se producen acuerdos que estamos provocando dentro de la Junta de Gobierno”, expresó el legislador.
Detalló que se impulsan cuatro iniciativas orientadas a mejorar definiciones legales y procedimientos jurídicos, con el propósito de prevenir conflictos laborales y evitar laudos que afecten las finanzas municipales y estatales.
En este sentido, explicó que una de las propuestas busca establecer con mayor precisión las figuras relacionadas con el personal de confianza dentro de las administraciones públicas. “Para eso hay que tener precisiones en cuanto a quienes son personal de confianza, habrá que normarla; hemos llevado iniciativas para eso”, comentó.
Alanís Herrera añadió que también se trabaja en adecuaciones relacionadas con los quinquenios, precisando que no se afectarán derechos laborales, sino que se pretende brindar mayor certeza jurídica dentro del marco legal vigente.
Respecto al llamado “Plan B”, señaló que el tema continuará en análisis hasta el próximo 30 de mayo, periodo en el que la Junta de Gobierno buscará consolidar una iniciativa conjunta previamente consensuada entre las distintas representaciones legislativas.
El legislador agregó que el próximo jueves podrían integrarse a la agenda asuntos relacionados con las reformas al Poder Judicial, por lo que el Congreso del Estado permanecerá atento para actuar en su carácter de constituyente permanente.
Finalmente, indicó que el mandato de la reforma contempla un plazo posterior de 60 días, lo que permitirá continuar trabajando mediante el diálogo y los consensos, sin prever la necesidad de convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones.