Prevenir y eliminar actos de discriminación en los servicios de defensa legal gratuita es el objetivo de la iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, presentada por el diputado Bernabé Aguilar Carrillo.
La propuesta plantea la implementación de mecanismos permanentes y medibles para identificar y erradicar prácticas discriminatorias, así como capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal, protocolos de atención con enfoque intercultural e incluyente y sistemas de registro y seguimiento de casos.
“La justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho efectivo para todas y todos”, expresó el legislador.
Durante su intervención, el legislador advirtió que factores como el origen étnico, la discapacidad o la situación migratoria continúan siendo barreras que limitan el acceso efectivo a la justicia, incluso dentro de instituciones encargadas de brindar asesoría jurídica gratuita.
De acuerdo con datos del INEGI, más de 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas y cerca del 6 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, mientras que miles de migrantes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a servicios básicos.
La reforma busca garantizar que el derecho a una defensa adecuada se ejerza sin distinción, mediante acciones concretas que corrijan prácticas excluyentes en la atención legal.