Por unanimidad, el Congreso del Estado exhortó al gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar, a ampliar la red de cajeros automáticos y ventanillas, con el fin de que las y los beneficiarios —en especial adultos mayores— puedan retirar sus recursos en distintas instituciones sin pagar comisiones.
La propuesta, impulsada por el GPPRI y presentada por la diputada Dany Soto Hernández, advierte que el acceso a estos apoyos debe darse en condiciones dignas y seguras. “La dignidad de las personas no puede ponerse en riesgo al momento de ejercer un derecho”, subrayó.
Durante su intervención, recordó que los programas sociales evolucionaron hasta alcanzar rango constitucional, por lo que su operación debe garantizar que los recursos lleguen de forma efectiva a la población. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar integralmente el funcionamiento de estos esquemas, desde su diseño hasta la entrega final.
La legisladora señaló como ejemplo el fallecimiento reciente de una persona adulta mayor en el centro histórico de Durango, mientras esperaba retirar su apoyo en una sucursal bancaria, hecho que —dijo— evidencia las fallas en el sistema y no debe normalizarse.
Agregó que situaciones como largas filas, falta de efectivo, caídas del sistema y saturación de sucursales se han repetido en distintas entidades del país, afectando principalmente a quienes dependen de estos recursos para su subsistencia.
Aunque se han construido más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, sostuvo que la infraestructura sigue siendo insuficiente para garantizar un acceso ágil, especialmente para personas adultas mayores y con discapacidad. Recordó que esta propuesta ya había sido presentada en abril de 2025, sin avances concretos hasta ahora.
En la discusión, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo, a nombre de Morena, respaldó el exhorto al coincidir en que mejorar el acceso a los programas sociales es una causa que debe atenderse con responsabilidad institucional. Reconoció que el Banco del Bienestar ha permitido eliminar intermediarios y combatir la corrupción, pero señaló que aún existen áreas de oportunidad para evitar riesgos a la salud e integridad de los beneficiarios.