Un total de 938 sentencias emitidas en un promedio de uno a dos meses y medio, la reducción del 79 por ciento en los tiempos de resolución mediante el juicio sumario y 18 mil 463 trámites procesales realizados, fueron parte de los resultados presentados por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
En el marco del informe de actividades, Jason Eleazar Canales García detalló que el 85 por ciento de las resoluciones han sido favorables a los ciudadanos y que anteriormente los procesos podían extenderse por más de un año. Además, informó que se atendió a dos mil 133 personas y que el tribunal se ubica entre los 10 del país con mayor rapidez en la emisión de sentencias. También anunció el inicio formal del juicio en línea para ampliar el acceso a la justicia.
Durante la ronda de posicionamientos, la diputada Sughey Torres Rodríguez reconoció la modernización del tribunal mediante el sistema “e-Justicia Administrativa Durango”, aunque planteó cuestionamientos sobre el impacto operativo de herramientas como la “Bandeja de Administrador” y los mecanismos de transparencia y seguridad jurídica.
Por el PAN, el diputado Fernando Rocha Amaro recordó que el artículo 17 constitucional establece que la justicia debe ser pronta y expedita, y preguntó qué acciones concretas permitieron reducir los tiempos, si hubo incremento de personal y cómo se garantiza el cumplimiento de las resoluciones.
El legislador Martín Vivanco Lira, de Movimiento Ciudadano, cuestionó si la disminución en amparos concedidos está relacionada con la mayor celeridad, pidió datos sobre asuntos en revisión y sentencias firmes, así como el impacto de la capacitación en responsabilidades administrativas.
En representación de Morena, Héctor Herrera Núñez señaló que en 2025 se recibieron 23 asuntos por responsabilidades administrativas y se emitieron 99 sentencias, de las cuales solo siete derivaron en sanción por faltas graves; en 51 no se acreditó responsabilidad y en 32 hubo sobreseimiento. En réplica, reconoció la importancia del juicio en línea, pero pidió resultados tangibles ante el mal uso de recursos públicos.
Finalmente, el diputado Osbaldo Santillán, del PVEM planteó cuestionamientos sobre posibles dilaciones en casos que involucran a municipios y las medidas estructurales para evitar afectaciones presupuestales.
Las y los legisladores coincidieron en reconocer avances en la impartición de justicia administrativa, aunque señalaron que persisten retos en materia de responsabilidades y cumplimiento de resoluciones.