Por unanimidad, el Congreso del Estado exhortó a la delegación de la Secretaría de Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al Gobierno del Estado y a los 39 municipios, a mejorar la atención que brindan a personas de pueblos y comunidades indígenas.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Iván Soto Mendía, del Grupo Parlamentario del PRI, quien argumentó que la falta de acompañamiento adecuado impide que muchas comunidades ejerzan plenamente sus derechos.
“Yo nací en un pueblo originario. Mi lengua materna no siempre es el español… cada vez que necesito realizar un trámite, siento que el sistema no fue hecho para mí”, expresó en tribuna.
El legislador explicó que las barreras de idioma, la distancia, la discriminación y la falta de información provocan que personas indígenas queden fuera de programas sociales y servicios públicos, por lo que propuso incorporar gestores culturalmente competentes que interpreten procesos, expliquen derechos y acompañen trámites ante las distintas instancias.
“No pedimos privilegios, exigimos respeto. No pedimos caridad, exigimos derechos”, subrayó.
Al sumarse a la propuesta, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo planteó adicionar un párrafo para exhortar también al INPI y a la Secretaría de Educación, a fin de que diseñen, implementen y certifiquen programas permanentes de formación y profesionalización de intérpretes y gestores comunitarios en lenguas originarias que presten sus servicios en dependencias de los tres órdenes de gobierno.
“Para quienes venimos de pueblos originarios, este tema no es un trámite más, es la dificultad diaria para ejercer un derecho en un idioma que muchas veces no es el nuestro”, señaló, al destacar la necesidad de institucionalizar esta atención para que no dependa de acciones temporales.