En tan solo una década, la diputada morenista, Sandra Amaya Rosales pasó de vivir de renta en el fraccionamiento Las Brisas, a comprar una vivienda residencial, cuyo valor catastral ascendió a 3 millones 495 mil pesos.
Apenas en junio del 2020, según su declaración patrimonial en su versión pública del año 2021, adquirió a crédito una camioneta con un costo de 884 mil 900 pesos, que seguramente superó el millón de pesos debido a que se pagó a crédito, según reportó.
Solo en la compra de ambos bienes, Amaya Rosales habría erogado 4 millones 379 mil 900 pesos, en tanto que sus ingresos como diputada en cinco años sumarían 3 millones 287 mil 070.00 pesos, lo cual resulta inviable pues tendría que haber ahorrado todo su ingresos y dejar de pagar colegiaturas, servicios, alimentos, salud y demás gastos, incluidos periodos vacacionales para poder ahorrar lo suficiente como para liquidar en efectivo sobre todo la vivienda.
En 2013 cuando ocupó por primera vez un cargo público, como regidora del PAN en la administración municipal de Durango, Amaya Rosales vivía en una vivienda que rentaba en el fraccionamiento Las Brisas.
Al terminar su encargo en 2016, Amaya Rosales renunció al PAN e ingresó a Morena, sin embargo en la elección de ese año no logró triunfo alguno aún y cuando se postulo como aspirante a diputada.
Fue en 2018 cuando, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el voto en bloque, logró convertirse en diputada local por el distrito 03 con sede en la capital del estado, en un momento en el que Morena, su partido logró obtener la mayoría en el Congreso del Estado.
Aunque desde el año pasado Amaya Rosales ha descalificado la administración del ex gobernador José Aispuro Torres, ella y su grupo parlamentario le aprobaron al entonces mandatarios sus cuentas públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, e inclusive en 2020 esa bancada le autorizó un crédito por mil 780 millones de pesos al ex gobernador.
De esta última votación la legisladora se excuso de participar en la aprobación, pero no hizo nada para evitar que su grupo parlamentario rechazara respaldar ese crédito.
A partir de 2018, Amaya Rosales acusó a la administración de Aispuro Torres de corrupción, sin embargo le aprobó sus cuentas públicas y sus presupuestos sin problema alguno.