La presidenta municipal de Nazas, Diana González Torres podría ser sujeta a un juicio político al estar vinculada como complice de Mauricia Vaquera García, propietaria de una ferretera que recibió 925 mil pesos en pagos ilegales.
Noel Díaz Rodríguez, Fiscal Anticorrupción aceptó lo anterior en su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de su primer año de gestión, por lo que tras rendir su reporte, fue cuestionado por los legisladores, entre ellos el diputado Enrique Benítez Ojeda quien pregunto sobre si era posible hubiera un juicio político en el caso.
“Efectivamente las personas las cuales están vinculadas con esta persona (Mauricia Vaquera García) es una persona de primer nivel del municipio, su estado, bueno el estado que guarda la carpeta es parcialmente con una sentencia condenatoria, y si pudiera llegar a un juicio político, así es, es correcto”, expuso Díaz Rodríguez.
El 10 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en donde informó que Vaquera García había aceptado su culpabilidad en un caso de uso indebido de atribuciones y facultades, específicamente sobre el artículo 334 en su fracción tercera, que hace alusión a pagos indebidos en los que puede incurrir un servidor público.
“Fue en días pasados que la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvo mediante orden de aprehensión a la propietaria de la empresa mencionada, quien valiéndose de su parentesco con la actual
alcaldesa de Nazas recibió durante los meses de febrero a julio de 2023 diversos pagos ilegales del gobierno municipal por casi un millón de pesos”, reportó la versión oficial.
Vaquera García esta casada con Ismael González Torres, hermano de la alcaldesa de Nazas, por lo que en el mismo comunicado se señala que las indagaciones prosiguen para determinar la responsabilidad de los servidores públicos participes en el hecho de corrupción, del cual hizo referencia el Fiscal en su comparecencia.
“Efectivamente (Mauricia Vaquera García) quien dolosamente presto ayuda o auxilio autor de su comisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en su calidad de participe complice, efectivamente, ella solicitó la instauración de un procedimiento abreviado, de tal manera que este asunto es cosa juzgada, la recuperación, ella hizo la recuperación del monto sustraído, del monto señalado, que son 928 mil pesos, admitiendo en tanto su responsabilidad por el delito que se le imputó, le fue impuesta una pena de un año, 11 meses, 29 días de prisión”, informó en la comparencia Díaz Rodríguez.
Fuentes consultadas por Durangos21 estimaron que la solicitud de juicio político tendría que partir del propio ministerio público, y la misma se giraría a la Comisión de Responsabilidades que sería la instancia que habría de dictaminar el caso para posteriormente ser sometido el caso al pleno, bajo algún texto sobre el tipo de sanción que propondría el citado grupo de trabajo de la legislatura que es encabezado por el diputado Carmen Fernández Padilla y su secretaria es la diputada Jennifer Adela Deras, además de Mario Delgado, Enrique Benítez, Alejandro Mojica y Ricardo Pacheco.
