La seguridad vial no se va a modificar o mejorar sólo con el hecho de emitirse una legislación o cambiar la Constitución, es una materia que requiere el compromiso de todas las instancias y de los ciudadanos, así lo consideró el diputado priista Ricardo Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Tránsito y Transportes del Congreso estatal.
“Si las cosas no están bien en las calles en materia de seguridad vial, en lugar de tener sospechas sobre el trabajo de los diputados en el Congreso, las autoridades municipales debieran estar contratando más policías de tránsito”, abundó.
Los regidores deberían estar proponiendo pues, que hubiera más policía de tránsito y programas de capacitación de los operadores, que hubiera infracciones a quienes las cometen, a quienes no traen placas, a todos los que atropellan el reglamento de tránsito cada día; para eso tienen el mandamiento del Artículo 115 de la Constitución, explicó.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, expresó no entender las posturas de quienes dicen estar preocupados por la emisión de la Ley de Movilidad, porque todo lo que contiene es público, está en la Ley General, en las iniciativas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo anterior: “quien piense que hay otra cosa, más allá del debido procesamiento legislativo, simplemente les diría que no están en lo correcto, para no abonarle a un debate infructuoso”.
No habrá nada que perjudique a los peatones ni a los usuarios del sistema de movilidad “esas son nuestras convicciones, eso es lo que estamos trabajando, pero además está el estricto mandamiento de la ley, de la Constitución General de la República, de la que nosotros no podemos ni pensar en apartarnos” afirmó.
Aseguró que el eje de la reforma que va a plantearse en materia de movilidad y seguridad vial, es la armonización de las leyes de Durango, con la Ley General que con esta misma materia ha pronunciado el Congreso de la Unión, y el predictamen que elabora la Comisión de Transporte se sujetará exclusivamente a principios constitucionales, no solo de la Constitución local, sino de la Constitución General de la República.
“No será un tema fácil para los aplicadores de la norma –en este caso los Ayuntamientos- van a tener un buen problema en la priorización, porque es posible que las personas que utilicen vehículos particulares, deben ser arriba del 90 por ciento”.