Nicaragua: Dictadura anuncia “disolución voluntaria” de universidad que formaba a seminaristas.
Por Diego López Marina.
ACIprensa, 18 de mayo de 2023.
El Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua anunció en un medio oficial la “disolución voluntaria” de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), que funcionaba como centro de formación para los seminaristas de la capital nicaragüense.
Según el acuerdo ministerial 77-2023-OSFL, publicado este 18 de mayo en La Gaceta, diario oficial del régimen, la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, aprobó, “por disolución voluntaria acordada por sus miembros”, “la cancelación de personalidad jurídica” de la UCICAM.
La dictadura señala que la casa de estudios, inscrita en los registros públicos desde julio de 2012, había estado supuestamente en “incumplimiento de sus obligaciones desde el año 2015, ya que no reportaron sus estados financieros y Junta Directiva”.
Sin embargo, el diario de investigación local, “Confidencial”, hace notar que representantes de varias instituciones nacionales que fueron disueltas han denunciado que el Migob les impidió cumplir con la presentación de los documentos requeridos.
En el primer trimestre de 2023 unas 30 organizaciones sin fines de lucro cerraron sus operaciones en Nicaragua de forma “voluntaria”, según un reporte de Confidencial.
“En la mayoría de los casos el Migob señaló que estos organismos estaban inactivos o que tenían un déficit de fondos para ejecutar sus proyectos”, precisa el medio.
La sede central de la UCICAM se encontraba en las mismas instalaciones del Seminario Mayor La Purísima, en Managua, la capital nicaragüense, y era donde los seminaristas de la arquidiócesis recibían formación de alto nivel en Filosofía y Teología desde el 2011.
El rector de la casa de estudios era el P. Eyleen Castro Rodríguez.
La UCICAM tuvo como su primer rector a Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua (Nicaragua), quien actualmente vive exiliado en Estados Unidos tras recibir varias amenazas de muerte. Mons.Báez es uno de los miembros del clero nicaragüense más críticos hacia la dictadura.
Desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2023, unas 19 universidades en el país fueron canceladas de manera forzada.
Entre las afectadas están la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).
A diferencia de lo ocurrido con la UCICAM, estas últimas casas de estudios fueron obligadas a traspasar sus bienes muebles e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
En los últimos cinco años han ocurrido al menos 529 ataques perpetrados por la dictadura del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra la Iglesia, y 90 de ellos fueron cometidos en lo que va del 2023, según el reciente informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”.
Entre las agresiones, el documento detalla el encarcelamiento injusto del obispo Rolando Álvarez, desde el mes de febrero. También informa de 32 religiosas expulsadas del país, 7 edificios de la Iglesia confiscados por el régimen y diversos medios de comunicación cerrados.
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NOTA RELACIONADA.
“De por vida”, cancela títulos el acomplejado tirano Nica
Nicaragua: abogados, nuevas víctimas de la represión
(DW, 180523).- Por primera vez en la historia de Nicaragua, un gobierno inhabilita de forma masiva a 26 profesionales mediante la suspensión “de por vida” de los títulos que les permitían ejercer su oficio.
Primero fueron los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad. Luego los 94 opositores, en su mayoría exiliados, que también perdieron su ciudadanía y fueron expropiados de sus bienes. Dos meses después, el gobierno de Daniel Ortega arremete contra los abogados, en especial aquellos que han defendido a reos de conciencia o han denunciado las violaciones a los derechos humanos en los últimos cinco años.
El pasado 11 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera “definitiva” los títulos de 25 abogados críticos del régimen. De ellos, 15 iban en el avión que los llevó desterrados a Estados Unidos y 10 estaban en el grupo de “apátridas” expropiados.
En su resolución, la CSJ argumentó que las personas suspendidas “de por vida” como abogados y notarios “no pueden ostentar el título ni ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, que el gobierno mismo les arrebató hace tres meses por considerarlos “traidores a la patria”.
En el grupo destacan dos mujeres: una de ellas es la jurista Vilma Núñez, de 84 años y considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a quien Ortega ordenó borrarla del Registro Civil de las personas, quitarle su pensión de vejez y confiscarle su casa.
La otra es Yonarqui Martínez, conocida como “la abogada de los presos políticos” y que, a diferencia de sus 25 colegas, no ha sido desterrada ni despojada de su nacionalidad nicaragüense. La CSJ no explicó el motivo de la sanción en su contra, pero le dio 24 horas para devolver su protocolo y sus sellos profesionales.
“No hay explicación alguna, no se me permitió la defensa y no se me permitió entrar a (revisar) los archivos. Es más, ni siquiera me notificaron; por lo tanto, yo no me doy por enterada”, dice en conversación con DW.
Venganza contra defensores de DDHH
La abogada de 39 años, que asegura haber defendido a más de 500 presos políticos desde 2018, decidió rebelarse contra una decisión que considera “ilegal e inválida”. Por lo tanto, dice, no se presentará a entregar sus protocolos a la Corte. “No voy a ser partícipe de una ilegalidad. Además, ellos llevan años persiguiéndome, sé que si me presento caeré presa”, señala.
Según Martínez, esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que una entidad del Estado inhabilita de forma masiva a 26 profesionales mediante la suspensión “de por vida” de los títulos que les permitían ejercer su oficio.
Si bien la ley nacional contempla la suspensión temporal y definitiva de títulos, esto ocurre solo en caso de faltas graves o delitos. “Y yo no he cometido ninguna falta ni delito, solo me he dedicado a defender derechos humanos”, agrega.
Martínez decidió hace 5 años defender a un grupo de jóvenes que habían sido arrestados en las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega. Su trabajo le ha costado amenazas, persecución y un ataque a tiros contra su casa. Hace dos años, se vio obligada a esconderse para proteger su vida.
Con mucho esfuerzo propio y de sus padres, logró estudiar y coronar su carrera de Derecho a los 21 años en la universidad pública de Managua. Corría 2005.
“Años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH”, tuiteó tras enterarse de la resolución judicial, que para ella es “un acto de cobardía” de un presidente que no pasó del bachillerato.
Aunque la CSJ no razonó su sanción, ella la atribuye a que días antes denunció públicamente el arresto de 57 personas capturadas entre el 3 y el 6 de mayo en redadas nocturnas que culminaron con juicios exprés y condenas por “conspiración” dictadas a medianoche en cuarteles policiales.
“Soy otra víctima del régimen”
Otros afirman que, como en el caso de los 25 abogados inhabilitados por Ortega, el gobierno anuló su título en venganza por su permanente denuncia de las injusticias y los crímenes, lo que a Yonarqui Martínez la obligó a cambiar de domicilio varias veces en los últimos dos años.
Ya en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares a su favor, tras advertir que ella y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, después de sufrir detenciones temporales, asedio e intimidación policial, y un intento de homicidio el 5 de noviembre de ese año que no fue investigado por las autoridades.
“Este era un desenlace que de una forma u otra yo esperaba, dado que el régimen ha tomado represalias contra las personas que defienden derechos”, reflexiona. Sin embargo, confiesa que jamás pensó que “aplicarían una medida tan nociva”.
Martínez no se considera opositora. “No milito en ningún partido político y jamás lo he hecho; soy abogada y mi labor es la defensa de los derechos humanos”, asegura.
Y promete que, si bien permanece “en un lugar a resguardo” para no ser arrestada, no silenciará su voz. “Voy a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos, pues para eso no es necesario tener licencia de abogada”, subraya.
Martínez señala que se entristeció mucho al conocer la resolución judicial en su contra, pero hoy siente “más fuerza y energía para luchar, tengo un compromiso más grande con las víctimas, porque sé que también soy parte de esas víctimas”.
La abogada cree que la situación de Nicaragua no debe quedar en el silencio y es “muy importante que el mundo se dé cuenta que este país vive una crisis de derechos humanos, que está secuestrado por personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y siguen haciendo daño a la población”.
Según la oposición nicaragüense, pese a que 222 presos políticos fueron excarcelados en febrero anterior, aún quedan en las cárceles al menos 46 reos de conciencia, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa (norte), que fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por negarse a subir al avión con los opositores desterrados. (dz)