El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recurrió a la justicia Federal e interpuso una controversia constitucional debido a que el congreso del Estado no otorgó los recursos suficientes para la organización de la elección a gobernador.
Roberto Herrera, consejero presidente del Instituto reconoció que se promovió dicho recurso ante la falta de recursos económicos de presupuesto para poder llevar a cabo las labores en el marco del proceso electoral.
“Efectivamente se ha presentado una controversia constitucional, considerando nosotros que pues tenemos que hacer las gestiones pertinentes para llevar a cabo nuestro proceso electoral, pero que esto no se vea como una cuestión propiamente de inconformidad sino simple y sencillamente de que se valore a cabalidad lo que pedimos”, expresó el presidente del Instituto.
Herrera aseguró contar con la justificación a plenitud de los recursos solicitados, y en ese sentido señaló que en el anteproyecto de presupuesto presentados se trata de argumentar a detalle las necesidades del instituto.
Cuestionado sobre si el instituto podría dar a conocer a la sociedad los montos en los que se pretende realizar las erogaciones que se contemplan en el proceso electoral del presente año, el consejero presidente estimó que si tiene esa capacidad, sin embargo no es lo que está discusión.
Efectivamente se ha presentado una controversia constitucional, considerando nosotros que pues tenemos que hacer las gestiones pertinentes para llevar a cabo nuestro proceso electoral, pero que esto no se vea como una cuestión propiamente de inconformidad sino simple y sencillamente de que se valore a cabalidad lo que pedimos
“Creo que ahorita el problema no es si esta socializado o no lo que pedimos sino simple y sencillamente si podemos justificar lo que estamos pidiendo”, expuso el consejero.
La semana pasada el consejero presidente ofreció una conferencia de prensa en donde informó que con los 282 millones de pesos que les autorizó el Congreso del Estado no tienen suficientes recursos para poder organizar el proceso electoral para renovar al poder ejecutivo.
En ese contexto solicitó poco más de 90 millones de pesos adicionales pues no han contratado el programa de resultados preliminares ni tampoco la impresión de boletas.