El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, Alejandro Castellanos Blancarte, acusó de una campaña de ataques facciosos destructivos y malintencionados por parte de personajes que toda una vida han vivido del erario y cuyo fin es el de confundir y mal informar a la ciudadanía, por puro interés político, haciendo acusaciones fuertes en contra del presidente de Coparmex y el del Consejo Estatal Ciudadano, contra quienes, adelantó, se procederá legalmente.
Con ello se refirió al Consejo Estatal Ciudadano encabezado por Jorge Mojica Vargas, quien se ha valido de un claro conflicto de interés y por medio del tráfico de influencias pretenden destruir al eslabón más débil de todo un Sistema Anticorrupción, que es el que dio vida al mismo sistema.
El consejero Oscar Quiñones calificó de absurdas e incoherentes las declaraciones que han hecho quienes pretenden que desaparezca este organismo, y aclaró que en primer lugar el CPC no recibe un presupuesto ni un peso para su operatividad incluso no se cuenta con oficinas propias, lo mínimo indispensable para trabajar, lo que se ha logrado hacer es porque salga del bolsillo de los integrantes del Consejo, quienes sí una remuneración.
De esa manera, negó que reciban un monto de 130 millones de pesos, esa cantidad es la que recibe todo el sistema y los entes y organismos que lo conforman como parte del ejercicio presupuestal que perciben para sus actividades propias.
Indicó que existen actitudes revanchistas por parte de Jorge Mojica y de Óscar Moreno, el primero porque no se apoyó una persona que presentó y el segundo, presidente de Coparmex, por que no fue electo para ser parte del sistema cuando intentó entrar a la comisión de selección.
“Estos dos personajes no tienen calidad moral para descalificar al sistema y por consecuencia al CPC, por ello se propone que se revisen los contratos que tiene Mojica con gobierno del estado por más de diez millones de pesos al año, según registros de 2020 y que evidentemente representan un conflicto de interés, puesto que su cargo también es nombrado por el gobierno del estado y que, dicho sea de paso, ya concluyó su periodo el pasado 15 de julio (…) en el caso de Óscar Moreno, tiene en su haber el señalamiento del presidente de la república como uno de los factureros en el país”.
Por lo anterior, parece demasiada coincidencia que hoy que se avecina la elección a gobernador comenzaron los ataques políticos descalificando al sistema, quizá esto sea una cortina de humo para tapar lo que no se ha hecho en el CEC.
Quiñones exigió que saque las manos el presidente del Consejo Estatal Ciudadano: “no le abona a la colaboración pacífica y respetuosa, ni al trabajo de los ciudadanos que día a día tenemos que hasta por nuestra seguridad denunciar, señalar y proponer lo que se necesita para que verdaderamente disminuya la corrupción en nuestro Estado, nos hemos desempeñado como ciudadanos responsables en las labores que nos competen, ahí están los informes que en el ejercicio de la rendición de cuentas hemos presentado estos cuatro años”.
Recordó que los consejeros, por ley, no pueden trabajar en otro lugar, sino deben dedicarse al 100% al tema anticorrupción, por ello reciben una remuneración para poder vivir.
Indicó que, de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente del CEC, se tomarán las medidas legales pertinentes y se procederá hasta las últimas consecuencias, puesto que ejerce el delito de tráfico de influencias, tipificado en la ley de responsabilidades.