El municipio está en proceso de formalizar denuncia por presunto desvío de recurso por 90 millones de pesos en contra de exfuncionarios de la anterior administración que realizaron pagos por el servicio concesionado de alumbrado público, pues el contrato no había sido formalizado legalmente, reveló el alcalde Jorge Salum del Palacio.
La denuncia se basará en el hecho de que el contrato con la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público nunca logró formalizarse, pues incluso no fue dado de alta en el registro público que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que el procedimiento no se concluyó ante el Congreso del Estado.
“Los pagos que se dan tenían también irregularidades, puesto que no estaba legalmente todavía formalizado el contrato”, dijo el presidente municipal.
Cuestionado sobre el monto de recursos que se pagaron sin que se tuviera el sustento legal formal para realizar esas liquidaciones, el presidente municipal estimó que fueron entre 80 y 90 millones de pesos, de los que deberán responder quienes hayan estado involucrados.
“Jurídicamente podría tipificarse así (desvío de recursos). Pues es a los pagos que hizo toda la administración pasada que fueron alrededor de 80, 90 millones de pesos”, precisó el alcalde.
El 16 de julio del año pasado, en sesión extraordinaria de cabildo, los regidores votaron por unanimidad cancelar el contrato de concesión del servicio de alumbrado público al considerar oneroso el mismo, pues en un plazo de 12 años se habrían de pagar mil 200 millones de pesos a la empresa ganadora del contrato.
El 27 de abril del presente año, el alcalde Jorge Salum anunció haber llegado a una renegociación en donde se pactó con la empresa pagarle solo 300 millones de pesos, y la empresa otorgaría el servicio por los restantes 10 años, por lo que se lograría un ahorro de 800 millones de pesos.
Ahora el presidente municipal señala la intención de su administración de proceder en contra de quienes autorizaron pagos por unos 90 millones de pesos en la pasada administración cuando el contrato no se legalizó, pues no se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que el Congreso del Estado no ratificó el acuerdo comercial, por lo que quedó en la ilegalidad.