Venezuela sigue atravesando una profunda crisis de libertad religiosa, señala informe.
POR CYNTHIA PÉREZ | ACI Prensa, 230421.
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) aseguró en su último informe mundial sobre libertad religiosa que Venezuela “sigue atravesando una profunda crisis” de derechos humanos, donde continúan “los ataques a iglesias y agresiones y acoso” al clero desde el Estado.
El Informe de Libertad Religiosa en el mundo fue presentado el 20 de abril y comprende el periodo 2018-2020. El documento señala que el 67% de la población mundial, cerca de 5.200 millones de personas, viven en países donde hay graves violaciones de la libertad religiosa.
En el caso de Venezuela, ACN recordó que en la Constitución del país se “invoca la protección de Dios para establecer una sociedad democrática que asegure los derechos fundamentales”.
Según el artículo 59 “el Estado garantiza la libertad de culto y de religión”, que incluye la manifestación y enseñanza de las creencias de forma pública y privada; y garantiza la independencia y la autonomía de las Iglesias, y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias.
Venezuela tiene un acuerdo firmado en 1964 con la Santa Sede que reconoce la “personalidad jurídica propia” de la Iglesia Católica.
Además, “el Código Penal tipifica una serie de conductas que amenazan a la libertad de culto”, indicó ACN. Por ejemplo, “el artículo 168 se refiere a las sanciones que se imponen a quienes intenten impedir o interrumpir servicios o ceremonias religiosos, o bien dañen intencionadamente objetos utilizados en el culto”.
Sin embargo, ACN reportó “represión y violencia” contra iglesias y sacerdotes en el país, que incluyen asaltos armados, la profanación de objetos sagrados para la fe católica, la interrupción o cancelación de las Misas, y agresiones y acoso a clérigos.
Por ejemplo, en enero de 2019 el Arzobispo de Maracaibo “denunció la falta de acción policial y de protección” luego de que 20 personas “armados de porras, armas de fuego y granadas”, asaltaran la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, “profanaron el Santísimo Sacramento y agredieron al párroco y a los fieles allí presentes”, indicó ACN.
Al mes siguiente, “la iglesia del Dulce Nombre de Jesús en Petare, Caracas, sufrió un asedio de varios días”, indicó ACN. Indicó que los “sitiadores” hicieron “sonar bocinas y música” y “pintadas en la fachada denigrando al sacerdote por haber criticado al Gobierno” de Nicolás Maduro.
En mayo, unos motorizados “de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela” lanzaron “botes de gas lacrimógeno” dentro de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de San Cristóbal, cuando se celebraba la Misa, indicó ACN.
“En octubre y noviembre, profanaron la Eucaristía y robaron varios objetos en dos iglesias en el estado de Miranda”, agregó.
ACN señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos elabora informes sobre libertad religiosa en Venezuela que reportan numerosas “prácticas del Gobierno de Nicolás Maduro contra las Iglesias católica y evangélica”.
“El informe de 2018 cita insultos, amenazas, expulsión de trabajadores religiosos extranjeros, y obstáculos burocráticos que complican obtener el reconocimiento como entidad religiosa”, indicó.
En 2019 ocurrieron “interrupciones de servicios religiosos, ataques a iglesias, y el arresto de un pastor protestante mientras dirigía un servicio de oración”. Además, en abril de ese año, “por órdenes de ‘más arriba’, no se permitió la entrada en la Prisión Occidente al obispo de San Cristóbal que iba a celebrar la misa del Jueves Santo”, señaló ACN.
La fundación pontificia indicó que otro derecho constitucional vulnerado en Venezuela, incluso por mecanismos legales, es la “libertad de conciencia y de expresión” protegida en el artículo 61.
ACN señaló que en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó una ley “amplia e imprecisa, y extremadamente discrecional en su aplicación”, que en opinión de la ONG Espacio Público se usa “para limitar la libertad de expresión”, en especial “cualquier opinión disidente”.
Se trata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que “impone penas de hasta 20 años de prisión a todos aquellos que difundan mensajes de odio —por radio, televisión, redes sociales— por pertenencia a grupos concretos, como estatus social, etnia, religión, opiniones políticas u orientación sexual”, recordó ACN.
En el informe, ACN reportó que en 2019 “en medio de unas manifestaciones antigubernamentales, tropas del ejército rodearon la catedral de Maturín, en la que se habían refugiado más de 700 personas, entre ellas algunos seminaristas y sacerdotes”.
Ese año, la Iglesia llamó al gobierno que respete “los derechos de los manifestantes” y acabe “con la represión y los arrestos arbitrarios. Varios obispos participaron en manifestaciones pacíficas”.
“En julio de 2019, el Cardenal Baltazar Porras mencionó que en Venezuela la Iglesia está perseguida por su postura respecto a la crisis social, política y económica del país. Se cierran colegios, se vigilan las homilías de los sacerdotes y se ponen trabas a la proyección social, entre otras limitaciones”, señaló ACN.
En 2020, indicó la fundación, el Purpurado aseguró que “a los venezolanos se les ha negado el derecho a expresar opiniones o mostrar discrepancias, y que están sufriendo mucho”.
ACN subrayó que “los líderes de la Iglesia denunciaron el nuevo mandato presidencial, diciendo que es ilegítimo en su origen y que carece del apoyo democrático”.
“La Iglesia Católica se ha mostrado crítica con el Gobierno de Venezuela”, y ha denunciado la grave crisis política, económica y humanitaria que obliga a huir a millones de venezolanos ante el “crecimiento de la pobreza y las enfermedades” como “políticas de hambre, persecución política, represión militar y policial, presos políticos, torturas, corrupción”.
Se concluye que “la situación de libertad religiosa no ha cambiado de forma significativa” desde el último informe de ACN, y que los culpables de violencia son actores estatales y grupos armados progubernamentales que actúan en contra de cualquiera que esté en desacuerdo con el régimen […] Viendo la situación de los últimos años, las perspectivas de futuro son aún más negativas”.
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