Obispos de Europa critican resolución de Parlamento Europeo sobre ley de aborto en Polonia.
Redacción ACI Prensa, 250221.
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) criticó la resolución del Parlamento Europeo sobre la ley de aborto en Polonia.
En una carta publicada el 25 de febrero, los obispos dijeron que la resolución del pasado 26 de noviembre va a tener “un impacto muy negativo” en la forma en que los estados miembros ven a la Unión Europea (UE).
El Parlamento Europeo, el organismo legislativo de la UE, aprobó tal resolución con 455 votos contra 145 después de que el tribunal superior de Polonia dictaminó que una ley de 1993 que permitía el aborto por anomalías fetales era inconstitucional.
La resolución lamentó lo que llamó una “prohibición de hecho del derecho al aborto en Polonia”.
Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de octubre, la ley polaca permitía el aborto solo en casos de violación o incesto, riesgo para la vida de la madre o anomalía fetal.
Tras la publicación del fallo el 27 de enero, el aborto seguirá siendo legal en casos de violación o incesto y cuando supone un riesgo para la vida de la madre.
En otra carta con fecha del 22 de febrero, los obispos dijeron que “desde una perspectiva legal, deseamos subrayar que ni la legislación de la Unión Europea ni la Convención Europea de Derechos Humanos prevén el derecho al aborto. Este asunto se deja en manos de los sistemas legales de los estados miembros”.
La carta de este 25 de febrero dirigida al presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, fue firmada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) y continúa la crítica sobre la resolución que expresó el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, Mons. Stanisław Gądecki.
En su declaración, Mons. Gądecki señaló que “no podía haber ningún compromiso sobre el derecho a la vida” porque “el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Siempre prevalece sobre el derecho a elegir, porque ninguna persona puede autorizar la posibilidad de matar a otra”.
Por su parte, los obispos de Europa subrayaron el apoyo de la Iglesia Católica a las mujeres que enfrentan embarazos difíciles, así como a la protección de la vida por nacer y señalaron que la resolución minimizó “un principio fundamental de la Unión Europea” conocido como el “principio de atribución”, que limita a la Unión Europea a actuar dentro de los límites acordados por los Estados miembros.
“Como subraya acertadamente la resolución del Parlamento, el respeto del Estado de derecho es fundamental para el funcionamiento de la Unión. Dicho esto, el Estado de derecho también exige el respeto de las competencias de los Estados miembros y las decisiones que tomen en el ejercicio de sus competencias exclusivas”, escribieron los obispos.
Además, el Episcopado indicó que la resolución también parece cuestionar el derecho a la objeción de conciencia y añadieron que “esto es particularmente preocupante considerando que en el sector de la salud los objetores de conciencia son en muchos casos sujetos a discriminación. En nuestra opinión, no se debe promover una estigmatización tan injusta”.
“En lo que respecta al derecho a la objeción de conciencia, la Carta de la Unión Europea implica la necesidad de respetar las tradiciones constitucionales nacionales y el desarrollo de la legislación nacional sobre el tema”, agregaron.
En este sentido, los obispos expresaron también su preocupación de que el principio de “no discriminación”, destacado en la resolución, pueda utilizarse para “ampliar o difuminar los límites” de la autoridad de la Unión Europea sobre los estados miembros.
Por último, en la misiva el Episcopado aludió a las recientes protestas masivas en Polonia a raíz del fallo del Tribunal Constitucional, en las que los manifestantes interrumpieron en Misas con carteles a favor del aborto, pintaron grafitis en propiedades de la Iglesia, destrozaron estatuas de San Juan Pablo II y decían consignas contra el clero.
“Observamos con tristeza que en el texto no se expresa condena ni solidaridad con respecto a los inaceptables ataques a iglesias y lugares de culto en el contexto de las protestas relacionadas con esta ley en Polonia”, lamentaron.
La carta fue firmada por el presidente de la COMECE, Cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo; el Obispo de Latina (Italia), Mons. Mariano Crociata; el Obispo de Essen (Alemania), Mons. Franz Josef Overbeck; el Obispo de Down y Connor (Norte de Irlanda), Mons. Noel Treanor; y el Obispo de Hradec Králové (República Checa), Mons. Jan Vokal.
La COMECE fue fundada en 1980, está formada por obispos delegados de las Conferencias de Obispos Católicos de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Su sede está en Bruselas (Bélgica) y se encarga de supervisar y analizar el proceso político de la Unión Europea en todas las áreas de interés para la Iglesia. Para ello cuenta con el apoyo de una serie de comisiones y grupos de trabajo compuestos por expertos encomendados por las conferencias episcopales y las organizaciones católicas que trabajan en los campos pertinentes.
Traducida y adaptada por Mercedes De La Torre. Publicada originalmente en CNA
Etiquetas: Aborto, Polonia, Parlamento Europeo, obispos de Europa, COMECE, aborto en Polonia
NOTAS RELACIONADAS.
Vaticano afirma que medidas contra pandemia están erosionando libertad religiosa.
Redacción ACI Prensa, 250221.
El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Mons. Paul Richard Gallagher, señaló este 23 de febrero al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en la respuesta global a la pandemia de coronavirus hay una erosión del derecho a la libertad religiosa.
Este martes en un mensaje por video, Mons. Gallagher indicó que la Santa Sede reitera “la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, en especial las creencias y expresiones religiosas, que se “encuentran en el centro de la dignidad de la persona humana”.
El Prelado señaló que “la respuesta global a la pandemia de COVID-19 revela que esta sólida comprensión de la libertad religiosa se está erosionando”.
“La Santa Sede quisiera subrayar que, como se reconoce en numerosos instrumentos de derechos humanos, la libertad de religión también protege su testimonio y expresión pública, tanto individual como colectivamente, pública y privadamente, en forma de culto, observancia y enseñanza”, agregó.
Mons. Gallagher explicó que el respeto por el “valor inherente” del derecho a la libertad religiosa requiere que las autoridades políticas se comprometan con los líderes religiosos, las organizaciones religiosas y los grupos civiles a comprometerse con la promoción de la libertad de religión.
“En medio de la actual pandemia de COVID-19, ciertas medidas impuestas por las autoridades para garantizar la salud pública también inciden en el libre ejercicio de los derechos humanos”, señaló.
El Prelado explicó que muchas personas en situación de vulnerabilidad, como ancianos, migrantes y niños “se han visto desproporcionadamente afectados por la crisis actual” e indicó que cualquier limitación “al ejercicio de los derechos humanos para la protección de la salud pública debe provenir de una situación de estricta necesidad”.
“Esas limitaciones deben ser proporcionales a la situación, aplicarse de manera no discriminatoria y utilizarse únicamente cuando no se dispone de otros medios”, agregó.
Mons. Gallagher señaló que la verdadera promoción de los derechos humanos fundamentales depende de los valores subyacentes de los que se derivan y remarcó que “cualquier práctica o sistema que trate los derechos de manera abstracta, separados de los valores universales y preexistentes, corre el riesgo de socavar su razón de ser”.
“En tal contexto de ‘derechos’ desprovistos de valores, las instituciones de derechos humanos se vuelven susceptibles a las visiones o ideologías predominantes”, señaló. “Pueden imponer obligaciones o sanciones que nunca fueron previstas por los Estados Partes, que en algunos casos pueden contradecir los valores que se supone deben promover”, agregó.
Además, resaltó que estas instituciones presumen incluso “de ‘crear’ los llamados ‘nuevos derecho’ que carecen de una base objetiva, alejándose así de su propósito de servir a la dignidad humana”.
El Prelado señaló que el derecho a la vida debe ser “ante todo un bien que debe ser apreciado y protegido” y explicó que desarrollos como la aplicación del fin de la pena de muerte o la lucha contra los actos de tortura “son extensiones razonables del derecho a la vida porque mantienen su base fundamental en el bien inherente de la ‘vida’”.
“Sin embargo, cuando este derecho se separa de su base fundamental, existe un riesgo real de socavar el valor que se pretende defender”, dijo.
Mons. Gallagher lamentó la Observación general N. 36 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, “que, lejos de proteger la vida y la dignidad humanas, tuerce su significado para implicar el ‘derecho’ al suicidio asistido y a poner fin a la vida de los niños por nacer”.
Asimismo, recordó que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara que “el reconocimiento de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana, y de sus derechos iguales e inalienables, constituye la base de la libertad, justicia y paz”.
El Prelado señaló que la Carta de las Naciones Unidas afirma su “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.
“Estos dos documentos reconocen una verdad objetiva, una que es independiente de la necesidad de consenso y no está condicionada por el tiempo, el lugar, la cultura o el contexto, es decir, que toda persona humana está innata y universalmente dotada de igual dignidad”, agregó.
Finalmente, Mons. Gallagher subrayó que “estos objetivos aún están lejos de ser ‘reconocidos, respetados, protegidos y promovidos en todas las situaciones’”.
Traducido y adaptado por Harumi Suzuki. Publicado originalmente en CNA.
Etiquetas: Vaticano, Libertad religiosa, Santa Sede, Mons. Paul Richard Gallagher, pandemia, Mons. Richard Gallagher