Ante la versión de algunos actores políticos sobre un presunto exceso de uso de la fuerza en el desalojo de propietarios de gimnasios que bloqueaban la Unidad Administrativa Municipal, Antonio Bracho Barbosa Marrufo solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una investigación para determinar si hubo excesos en el operativo.
En conferencia de prensa virtual, Bracho defendió la actuación de la Policía Preventiva para realizar el retiro de unos 80 manifestantes que cerraron el acceso de la Unidad Administrativa y aseguró que se procedió de acuerdo con los protocolos de actuación que existen para enfrentar este tipo de circunstancias.
“Se hace la invitación por parte de un servidor y aprovechando este foro para que Derechos Humanos, su presidente Marco Guereca, pueda intervenir y pueda verificar la situación que se presentó ayer; no tenemos nada que ocultar, siempre hemos sido transparentes, siempre hemos sido abiertos a la crítica constructiva y con todo gusto podemos colaborar para que se hagan las investigaciones”, dijo el director.
Antes, había señalado contar con diversas grabaciones realizadas durante el desalojo en donde se puede corroborar que no hubo exceso de fuerza y que en todo momento se buscó liberar el acceso a la Unidad Administrativa Municipal que había quedado cerrada por parte de los manifestantes.
Descartó la existencia de personas lesionadas en el operativo y señaló la existencia de dos o tres personajes que no tenían una intención de dialogar, sino de cerrar las oficinas municipales en donde se requería contar con la apertura, pues en muchas ocasiones los ciudadanos realizan trámites con plazos fatales.
Bracho Marrufo aseguró que es la primera ocasión en 420 días de administración municipal que se recurre al uso de la fuerza, pues en 240 días de pandemia se ha priorizado el diálogo y se ha logrado en mesas de trabajo tomar acuerdos con los diversos sectores de la sociedad afectados por las circunstancias de cierres de establecimientos como medida preventiva para evitar contagios.