La diputada Alicia Gamboa Martínez presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Estado, con la finalidad de que en caso de declaratoria de emergencia, se presente al Congreso del Estado una propuesta de reorientación de recursos de los programas sociales no prioritarios, para ampliar el presupuesto del fomento del sector social y así reactivar la economía y el empleo.
“Las afectaciones a la economía local son en muchos casos definitivas, sin embargo, si logramos direccionar el mayor número de elementos desde distintas áreas podremos rescatar y dar una base sólida a las familias duranguenses desde donde puedan salir adelante”, consideró al realizar la ampliación de motivos.
En este sentido, Gamboa Martínez comentó que los estragos y efectos de la pandemia del Covid-19, en la economía estatal se sienten con más fuerza, por lo que si no se hace algo a tiempo, serán irreversibles, por ello, es necesario priorizar acciones y programas.
“Nuestra reforma al artículo 23 de la ley, busca que el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, por sí solos o con el apoyo del Gobierno Federal fomenten decididamente las actividades productivas destinando recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, brindar capacitación, asistencia técnica, asesoría para la organización, el diseño de proyectos, y el apoyo legal para la realización de estas actividades”, resaltó.
Al respecto, explicó que la iniciativa busca generar las bases legales adecuadas para fomentar y fortalecer el sector social de la economía.
Lo anterior, en virtud de que el sector social de la economía, es un sistema basado en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.
Además, informó que dentro de los Organismos del Sector Social de la Economía se encuentran los ejidos, asociaciones, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, resaltó.