Piden Elevar a 7 Mil 200 Pesos por Tonelada el Precio de Garantía del Maíz en Durango

Elevar el precio de referencia del maíz a siete mil 200 pesos por tonelada, frente a los aproximadamente seis mil pesos que contempla actualmente el programa de Precios de Garantía, planteó el diputado Noel Fernández Maturino, al advertir que los productores agrícolas no logran recuperar sus inversiones debido al incremento de los costos de producción.

Durante la sesión ordinaria, el legislador exhortó a las autoridades federales a revisar las condiciones de operación del programa, particularmente los volúmenes de acopio y el precio establecido para el maíz en Durango, ya que, de acuerdo con los cálculos de los productores, necesitan alrededor de siete mil 200 pesos por tonelada para alcanzar su punto de equilibrio.

Explicó que establecer una hectárea de maíz representa una inversión cercana a los 50 mil pesos, a la que deben sumarse gastos de fertilizantes, semillas, combustibles, energía, maquinaria, labores agrícolas y financiamiento. Por ello, consideró que el precio actual resulta insuficiente para garantizar la rentabilidad de las cosechas.

Fernández Maturino advirtió que esta situación pone en riesgo el patrimonio de las familias del campo, particularmente de quienes recurren a créditos para financiar sus ciclos agrícolas y, al no recuperar su inversión, enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Además de la revisión de los precios de garantía, propuso fortalecer los mecanismos de trazabilidad agroalimentaria y certificación de origen, para que los consumidores conozcan la procedencia de los alimentos que llegan a sus mesas, especialmente el maíz utilizado en la elaboración de tortillas y los productos cárnicos.

Señaló que estos mecanismos permitirían identificar el recorrido de los alimentos desde su origen hasta su comercialización, fortalecer la vigilancia sanitaria y generar condiciones de competencia más transparentes para los productores mexicanos. Aclaró que la propuesta no pretende establecer barreras injustificadas al comercio internacional, sino garantizar que los productos cumplan con las disposiciones aplicables y que su procedencia pueda identificarse.