El diputado Osbaldo Santillán Gómez llamó a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso ante señalamientos públicos contra maestras y maestros, al advertir que las acusaciones difundidas sin sustento pueden afectar su reputación, estabilidad laboral y entorno familiar antes de que las autoridades esclarezcan los hechos.
“Proteger a la niñez no significa renunciar a la presunción de inocencia y escuchar a quien denuncia no significa condenar anticipadamente a quien es señalado”, expresó el legislador, quien subrayó que las redes sociales no deben sustituir las investigaciones de las instituciones de justicia.
Santillán Gómez afirmó que toda denuncia de violencia, abuso o conducta indebida contra niñas, niños y adolescentes debe atenderse con seriedad, profesionalismo y apego a la ley. No obstante, señaló que las acusaciones públicas pueden generar estigmatización en cuestión de horas, por lo que cada caso debe investigarse sin generalizaciones ni condenas anticipadas.
En este sentido, recordó que el Código Penal del Estado de Durango contempla el delito de falsa acusación, incorporado mediante la adición del artículo 387 Bis, que establece consecuencias jurídicas para quienes, bajo los supuestos previstos en la norma, imputen deliberadamente hechos falsos con la intención de perjudicar a otra persona o atribuirle la comisión de un delito.
“Quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo, quien tenga pruebas debe presentarlas ante las autoridades competentes y quien resulte responsable debe enfrentar las consecuencias que establece la ley. Pero quien deliberadamente invente hechos también debe asumir su responsabilidad”, sostuvo.
El diputado también pidió a las autoridades educativas actuar con responsabilidad, escuchar a las familias, proteger a los menores e investigar los hechos, sin imponer sanciones anticipadas a los trabajadores de la educación ni vulnerar sus derechos.
Asimismo, exhortó a madres y padres de familia a presentar sus inquietudes ante las autoridades educativas o las instancias de procuración de justicia, exigir respuestas y dar seguimiento a las investigaciones, en lugar de recurrir a las redes sociales como espacios de condena anticipada.