La legislación de Durango debe avanzar hacia una concepción más amplia del derecho a la vivienda, que no se limite a contar con un techo, sino que considere las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar su vida con seguridad, servicios y oportunidades, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alanís Herrera.
Explicó que la Constitución federal reconoce actualmente el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, concepto que supera la visión tradicional de vivienda digna y decorosa y establece parámetros más claros para evaluar el cumplimiento de este derecho.
“Puede parecer solamente un cambio de palabras, pero no lo es. Hablar de vivienda adecuada significa hablar de agua, drenaje, energía eléctrica, seguridad en la tenencia, accesibilidad y de una ubicación que permita llegar a la escuela, al trabajo, a los servicios de salud y al transporte”, señaló.
Alanís Herrera consideró que este nuevo enfoque hace necesaria una revisión del marco jurídico estatal para mantenerlo actualizado y en concordancia con la Constitución federal y la legislación nacional. Destacó que modernizar la legislación no significa cambiar palabras, sino darle contenido a los derechos y generar mejores bases para orientar programas, presupuestos y acciones públicas en materia de vivienda.
Expresó que una casa puede tener paredes y techo y, aun así, no ser adecuada. Si una familia no tiene agua, si una persona con discapacidad no puede desplazarse dentro de ella o si está tan lejos de su trabajo y buena parte de sus ingresos se va en transporte, se debe reconocer que todavía existe una necesidad por atender.
El coordinador parlamentario del PRI señaló que esta visión también debe considerar las diferencias territoriales de Durango, ya que las necesidades habitacionales no son necesariamente las mismas en la capital, La Laguna, la sierra, el semidesierto o las comunidades indígenas.
Para Alanís Herrera, contar con conceptos jurídicos más precisos permitirá también evaluar las políticas de vivienda más allá del número de casas construidas, incorporando aspectos como calidad, servicios, ubicación, accesibilidad y certeza sobre el patrimonio.
“Las leyes tienen que evolucionar junto con la sociedad. Si el concepto constitucional de vivienda cambió y hoy establece condiciones más amplias para proteger a las personas, Durango debe revisar y actualizar sus propias normas”, puntualizó.
Finalmente, sostuvo que el acceso a la vivienda representa uno de los principales retos sociales, particularmente para jóvenes, familias de menores ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad.