El diputado Bernabé Aguilar Carrillo llamó a evitar cualquier retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, ante el inicio de la consulta a más de 16 mil comunidades del país, incluida Durango, para analizar la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El también presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado consideró que cualquier modificación al marco jurídico debe realizarse con diálogo y participación directa de las comunidades, particularmente en temas relacionados con patrimonio cultural, identidad, autonomía, libre determinación, territorio y formas de organización.
“Cualquier modificación al régimen jurídico que protege este patrimonio exige el máximo cuidado, el mayor diálogo y la mayor sensibilidad institucional”, señaló.
Aguilar Carrillo advirtió que, si existe el riesgo de que alguna reforma genere incertidumbre o reduzca las garantías alcanzadas, su contenido debe revisarse con apertura y responsabilidad, priorizando la protección efectiva de los derechos de las comunidades.
En este contexto, refrendó su compromiso de mantener el diálogo con los pueblos O’dam, wixárikas y mexicaneros de Durango, así como de acompañar el proceso de consulta para que las nuevas disposiciones se construyan con respeto a su dignidad, cultura, identidad y derechos colectivos.
El legislador recordó que durante décadas las comunidades indígenas han enfrentado casos de apropiación de sus expresiones culturales, entre ellas diseños textiles, bordados, símbolos ceremoniales, conocimientos tradicionales, medicina ancestral y música, algunas de las cuales han sido utilizadas con fines comerciales sin autorización ni beneficio para sus creadores.
Por ello, destacó la importancia de preservar las garantías establecidas en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al considerar que representó un avance para reconocer y proteger el patrimonio colectivo.
Finalmente, afirmó que el Congreso del Estado dará seguimiento a los conversatorios y al análisis de la propuesta de Ley General, con el objetivo de conocer los planteamientos de las comunidades y contribuir a una discusión responsable sobre sus derechos.