El crecimiento de las apuestas en lÃnea entre niñas, niños y adolescentes requiere una discusión urgente y el fortalecimiento de los mecanismos de regulación y protección, advirtió la diputada Sughey Torres RodrÃguez.
La legisladora señaló que las apuestas digitales han dejado de ser únicamente una forma de entretenimiento para convertirse en un tema de salud mental, prevención y responsabilidad social, por lo que consideró necesario actuar antes de que el problema alcance mayores dimensiones.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, informó que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 revela que casi siete de cada 100 adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años participan en actividades de apuestas, cifra que equivale a más de 900 mil menores involucrados en este tipo de prácticas.
Explicó que una proporción importante de estos jóvenes ya presenta señales asociadas al juego problemático o la ludopatÃa, entre ellas ansiedad, necesidad compulsiva de apostar, pérdida de control, ocultamiento de gastos, conflictos familiares, depresión y otras conductas de riesgo relacionadas con la salud mental.
Sughey Torres advirtió que las plataformas digitales están diseñadas para generar dependencia mediante recompensas inmediatas, promociones, bonos y una sensación de control que resulta especialmente atractiva para los adolescentes. Añadió que especialistas han alertado sobre la vulnerabilidad del cerebro juvenil ante estos estÃmulos, situación que se ve reforzada por la influencia de redes sociales y campañas publicitarias dirigidas a públicos jóvenes.
Asimismo, consideró que los controles actuales para impedir el acceso de menores a las plataformas de apuestas resultan insuficientes, ya que muchos usuarios utilizan cuentas prestadas, billeteras digitales o información de terceros para participar.
Finalmente, la diputada aclaró que el debate no busca limitar el uso de la tecnologÃa ni del entretenimiento digital, sino reconocer que el crecimiento del mercado de apuestas en lÃnea ha superado la capacidad de respuesta de las leyes y de los mecanismos de protección vigentes, por lo que llamó a impulsar acciones preventivas y regulatorias para proteger a las nuevas generaciones.