Con el objetivo de garantizar sus derechos fundamentales, una vida digna con desarrollo integral y mejores oportunidades para las personas de la tercera edad, la diputada Dany Soto Hernández propuso crear la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado.
“La vejez no es un problema futuro; es una etapa de la vida que ya está aquí y que no se vive igual para todos. Hay quienes llegan con seguridad y redes de apoyo, pero también quienes llegan con carencias, incertidumbre y fragilidad que no debería normalizarse”, expresó durante su intervención.
Al realizar la ampliación de motivos, destacó que esta propuesta busca ofrecer mayores oportunidades de ocupación, retribuciones justas, asistencia y condiciones que permitan alcanzar niveles óptimos de bienestar y calidad de vida, reduciendo desigualdades acumuladas, como las relacionadas con el género, la condición económica o el acceso a servicios.
“Envejecer no cancela derechos. No cancela la dignidad. Esta ley no solo habla de quienes hoy son adultos mayores, habla también del futuro que nos espera a todos”, resaltó.
Informó que en México más de 17 millones de personas tienen 60 años o más, representando cerca del 14 por ciento de la población, y que este grupo prácticamente se duplicó en las últimas tres décadas, lo que confirma un cambio demográfico que exige respuestas inmediatas desde las instituciones públicas.
En ese sentido, alertó que al menos 2.5 millones de personas adultas mayores requieren cuidados permanentes, responsabilidad que recae principalmente en las familias sin respaldo institucional suficiente; además, tres de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato, generalmente dentro de su propio entorno.
“No se trata solo de abandono físico; hablamos de violencia emocional, económica, de silencios que lastiman y de una invisibilidad que termina por excluir”, señaló.
Por ello, consideró urgente dejar atrás un marco legal fragmentado y avanzar hacia una legislación integral que articule derechos como vivir libres de violencia, autonomía y toma de decisiones, acceso a salud digna y oportuna, participación social, económica y comunitaria, así como el derecho esencial a envejecer con dignidad.
“Durango no puede quedarse al margen. Si no actuamos ahora, las brechas actuales se convertirán en problemas mucho más complejos en el corto plazo”, advirtió.