El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que fija un límite a las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos, las cuales no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal.
La medida forma parte de la minuta enviada por el Congreso de la Unión y fue analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, para posteriormente ser discutida y avalada en sesión del Pleno.
El decreto establece que este tope aplicará al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos federales.
De igual forma, la disposición se extiende a organismos y entidades de carácter estatal y municipal, los cuales tampoco podrán otorgar jubilaciones o pensiones por encima de este límite.
Quedan excluidas de esta reforma las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales de retiro, sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.