Para establecer un marco legal común para atender faltas administrativas y conflictos comunitarios en los 39 municipios de la entidad, se propuso expedir Ley de Justicia Cívica del Estado de Durango y sus Municipios, informó el diputado Ernesto Alanis Herrera.
La iniciativa contempla sanciones para personas desde los 12 años de edad, con un enfoque preventivo y restaurativo. Se busca sustituir medidas tradicionales como arrestos o multas por alternativas como trabajo comunitario, programas sociales o terapias, siempre que exista un acuerdo voluntario ante el juez cívico.
La propuesta plantea dotar a los ayuntamientos de procedimientos claros para aplicar la justicia cívica, un catálogo de faltas y sanciones, así como lineamientos para programas de rehabilitación y atención a adicciones. También incluye el fortalecimiento del rol de jueces cívicos y la colaboración con la sociedad civil.
Alanís Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI e integrante de la Coalición Parlamentaria “Unidad y Valor por Durango”, destacó que esta ley permitiría a las autoridades municipales contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver conflictos antes de que escalen.
Actualmente, aunque el modelo está contemplado en la Ley Orgánica del Municipio Libre, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios. La Suprema Corte ha validado que los congresos locales pueden legislar en esta materia, incluso sin una ley general federal, como se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 70/2019.
Durango seguiría así el ejemplo de entidades como Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León, donde la implementación de la justicia cívica ha arrojado buenos resultados.