Desapariciones en México: reflejo de un Estado ineficaz
Sandra Weiss.
DW, 20/03/202520 de marzo de 2025
La falta de interés polÃtico y una complicidad de las autoridades con el crimen organizado dejan a los ciudadanos vulnerables a las desapariciones, critican expertos.
El reciente descubrimiento de restos humanos en un lugar de “reclutamiento y exterminio” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, una finca localizada en el municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, México , hizo saltar una vez más a la luz pública el tema de las desapariciones de personas.
Más de 120 mil ciudadanos han desaparecido en ese paÃs desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, y la cifra sigue aumentando rápidamente año tras año.
Expertos en derechos humanos consultados por DW coinciden en que, a pesar de reformas legales, el Estado mexicano no ha sido capaz de implementar estrategias efectivas para combatir ese delito de lesa humanidad.
De 26 a 63 desaparecidos por dÃa en México
Desde que asumió el cargo la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre del año pasado, ya han desaparecido 6.626 personas, destaca en entrevista con DW Michael Chamberlin, experto en derechos humanos. “Con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, fueron 26 desapariciones por dÃa; ahora estamos en casi 63”, estima el investigador del Center for International Policy.
“Puede corresponder a un problema estadÃstico, a que de golpe hayan metido nuevos datos al registro nacional”, atenúa Chamberlin, quien, sin embargo, critica las fallas en ese registro, cuyos datos se publican de forma atrasada, muchas veces no coinciden con los números de las fiscalÃas locales, y además, se publican en formatos cada vez más crÃpticos. “Pero aún si asumimos eso, el número es altÃsimo”, apunta.
Las fiscalÃas no logran investigar desapariciones
Para Edgar Cortez, coordinador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el incremento tiene varias causas: “Primero, sigue la impunidad, y además no tenemos investigaciones exitosas”, dice el defensor de derechos humanos, culpando fundamentalmente a las fiscalÃas, que “no logran hacer investigaciones exitosas que den con el paradero de las vÃctimas y determinen a los responsables.”
También destaca una falta de análisis a fondo por parte de las autoridades del Gobierno del fenómeno de las desapariciones, que pueden tener muchas causas, desde una estrategia del terror perpetrado por el crimen organizado, pasando por la trata de personas, hasta la violencia intrafamiliar y otros problemas de Ãndole social.
A todo esto, se añade la complicidad de autoridades con el crimen organizado y la falta de una polÃtica preventiva.
Son fallas históricas, según Chamberlin: “Los últimos cuatro gobiernos han negado la situación, criminalizando las vÃctimas, echando la culpa a los grupos criminales y desligando al Estado de sus responsabilidades.”
Culpar a otros y simular acciones
Según el investigador, no existe un diagnóstico del Estado mexicano por falta de interés en el asunto. “Es un mal de todos los polÃticos: en lugar de asumir responsabilidades, culpan a los opositores”, lamenta.
El especialista encuentra una posible explicación de ello en la complejidad del problema, que necesita polÃticas de largo plazo, con programas de una o dos décadas de duración: “Todos los gobiernos son cortoplacistas, les resulta más fácil una simulación de acciones para mantener su imagen, que tratar el problema de fondo”.
Cortez también observa esa caracterÃstica en el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y sus propuestas inmediatas para atender a esta crisis, que presentó luego del escándalo público, cuando se descubrieron los horrores del campamento del CJNG en el Rancho Izaguirre.
Leyes que existen, pero no se aplican
Entre las propuestas de Sheinbaum está establecer nuevos protocolos sobre cómo actuar en el caso de una desaparición sin perder tiempo. “Estos protocolos existen desde 2018”, explica Cortez, exdirector del Centro de Derechos Humanos jesuita Miguel AgustÃn Pro Juárez, “el problema es que no se aplican”.
Y no es por dinero, subraya Cortez. Contrariamente a otras dependencias, la Comisión Nacional de Búsqueda ha visto un aumento de su presupuesto en los últimos años. Pero eso no se tradujo en mejores resultados por falta de planificación, afirma el experto.
“Hay 124 instituciones involucradas en el tema, desde fiscalÃas hasta centros de atención de vÃctimas, pero no se coordinan, no tienen un plan, no tienen prioridades, no tienen metas”, puntualiza. Algo que Cortez le achaca a la existencia de un “equipo mediocre y politiquero” que encabeza el tema y está interesado más en aparentar que en construir polÃticas públicas sólidas.
La lucha de las vÃctimas, solitaria pero irrenunciable
Otra propuesta de Sheinbaum fue clasificar desapariciones como secuestros, una idea que causó mucha molestia entre los expertos en derechos humanos, ya que significa bajar al ámbito de crimen común un delito que, hoy en dÃa, es considerado de lesa humanidad, sin prescripción, y que interpela directamente al Estado, por contubernio u omisión.
Cortez cuestiona esa iniciativa como “regresiva y contraria al reclamo histórico de las familias”. Es revelador que durante los últimos siete años, ni Sheinbaum ni López Obrador hayan recibido a las organizaciones de vÃctimas; López Obrador hasta las acusó de servir intereses de la oposición, dimensiona.
Pero el tema interrumpe, tarde o temprano, siempre en la agenda, “gracias al trabajo de los colectivos de las vÃctimas y a su búsqueda, que no dejan que se oculte”, concluye Chamberlin, quien ha colaborado con la ONU y la Corte Penal Internacional para esclarecer crÃmenes de lesa humanidad cometidos en México.
(cp).