El año pasado, alrededor del 15% de los funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial antes de la fecha límite del 31 de mayo, incumpliendo con una obligación administrativa.
Tania Hernández, secretaria de la Contraloría, explicó que se hicieron exhortos a quienes no cumplieron con el trámite y que, en algunos casos, se han iniciado procedimientos.
“Hicimos las invitaciones una vez identificados algunos de estos omisos, y han estado presentando sus declaraciones. Donde hemos detectado que desde ejercicios anteriores ha habido incumplimientos, se les exhorta y, si no responden, se les inicia un procedimiento”, señaló Hernández.
El no presentar la declaración patrimonial se considera una falta administrativa no grave. Sin embargo, si un funcionario reincide en su omisión tras ser notificado, se puede abrir un procedimiento más profundo para determinar posibles sanciones.
Este año, el plazo para presentar la declaración patrimonial vencerá el 31 de mayo, por lo que las autoridades han llamado a los servidores públicos a cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido.