La respuesta de América Latina a los ancianos más pobres
María Santacecilia.
DW, 25/10/202425 de octubre de 2024.
Quienes no aportaron durante su vida laboral en América Latina tienen acceso a programas públicos de protección de adultos mayores.
De los 68 a los 65 años: a partir de ahora, los mayores con menos recursos podrán acceder tres años antes a una pensión universal no contributiva en México, con el fin de evitar situaciones de extrema pobreza. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el martes (22.10.2024).
Este tipo de ayudas en México se incluyen dentro del programa “Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, uno de los muchos esquemas que existen en América Latina para dar respuesta a situaciones de pobreza en un grupo poblacional en continuo crecimiento.
“Es una buena noticia para México y para las personas que tienen trabajos informales. Es importante que todos conozcan este derecho, que ahora se baja la edad a 65 años, y en las zonas rurales e indígenas a los 62”, valora la medida desde Ciudad de México Marcela Azuela, consultora de Wiego(Mujeres en empleo informal: globalizando y organizando).
“Mientras más pronto, mejor, dar este apoyo a las personas que más lo necesitan. Muchas trabajadoras informales del hogar regresan a sus comunidades después de vivir 20 ó 30 años en las casas de quienes las emplearon, y esta pensión será para ellas una pequeña ayuda”, prosigue Azuela.
De la beneficiencia a las políticas públicas
“Hasta la década de los 70-80, no había una política pública ordenada de protección a los pobres. Los programas contra la pobreza en América Latina los llevaban a cabo las señoras ricas que repartían dinero a los pobres. La pobreza era un problema de la Iglesia, de Cáritas y de las señoras de la beneficencia”, explica a DW desde Argentina Rafael Rofman, economista e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En los primeros años del siglo XXI, una combinación de factores propició la aparición de programas para mayores: “En los 90 surgió una creciente rama de la política pública vinculada al alivio de la pobreza, con programas destinados a familias. Y en los 2000 comenzó a aplicarse la misma lógica a los adultos mayores. Fue un período de bonanza fiscal por el bum de las commodities en buena parte de los países de América Latina: había plata. Algunos países expandieron su sistema previsional para incluir a quienes habían estado fuera”, prosigue el experto.
Y así, fueron desarrollándose programas en Brasil, Uruguay o Argentina, países que buscaron universalizar la cobertura. Otros, como México, Colombia o Perú abordaron el problema desde otro enfoque, con programas antipobreza para repartir dinero a los mayores vulnerables, entre otros grupos. “Después, México empezó a expandir la cobertura de esos programas hasta llegar a todo el mundo” señala Rofman.
Poca solidez legal
La mayoría de las Constituciones de América Latina recogen la necesidad de un régimen de pensiones contributivas, dirigido a personas que han realizado aportes durante un tiempo determinado de su vida laboral. Ese no es el caso de las pensiones sociales para mayores, cuya existencia depende mucho más de los vaivenes políticos y no cuentan con la suficiente solidez legal; se basan en medidas que tienen escasa jerarquía normativa.
Para Rafael Rofman, es importante trabajar para desligar estos programas de lo electoral, ya que no todos corresponden a una política pública, sino con decisiones de corto plazo. “En muchos casos, se asociaron mucho a estrategias políticas. De hecho, la última reforma en México estuvo muy ligada al proceso electoral. Esto es malo, porque si el Gobierno perdía las elecciones, el nuevo Gobierno hubiera visto probablemente esta medida de apoyo a los mayores como parte del programa electoral anterior, y no como parte de una política pública”.
El futuro de las pensiones sociales
América Latina envejece. La CEPAL estima que en 2024 la cifra de personas a partir de los 60 años es de 94,9 millones, representando el 14,2 por ciento de la población total. Se trata del grupo de edad con mayor crecimiento, y supondrá nada menos que un cuarto de la población total en 2050. ¿Qué futuro les espera a estos programas de ayuda a los mayores? ¿Son sostenibles?
Rafael Rofman está convencido de que van a seguir existiendo “en distintas formas, con contradicciones, con idas y vueltas…”: “Van a seguir funcionando, porque son de muy bajo costo, porque el monto del beneficio que pagan no es muy alto y porque, en muchos casos, cubren solo a los grupos más pobres”.
Aunque las crecientes demandas fiscales puedan hacer tambalear las políticas de bienestar público, Rofman cree estos programas tenderán a transformarse sin desaparecer: “No me asombraría que muchos países avancen en licuar un poco estos haberes y pagar un poco menos. Seguramente irá aumentando la edad en la que se conceden, a medida que la población envejezca, pero esto ya a más largo plazo”, dice el experto.
De lo que sí está seguro es de la importancia de tender la mano desde el Estado a los mayores más vulnerables: “La estructura tradicional de protección familiar se va deteriorando, porque la dinámica demográfica hace que las familias sean cada vez más pequeñas y con menos capacidad de sostener a sus mayores. Si el Estado no interviene, hay un problema de pobreza extrema muy serio”.
(ers).
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NOTA RELACIONADA.
América Latina: jubilaciones “de alto voltaje político”
Enrique López Magallón.
Dw, 30 de noviembre de 2021.
América Latina se enfrenta a un reto demográfico similar al de Europa, pero con mucha mayor velocidad. La región envejece, y algunos gobiernos parecen no percatarse del problema.
La primera noción de un sistema de seguridad social se remonta a los tiempos de Otto von Bismarck, en Alemania. La Ley del Seguro Obligatorio de Invalidez y Vejez fue promulgada en 1889, dando lugar a un sistema que luego fue adoptado en muchas partes del mundo.
En América Latina, la primera caja de jubilaciones de empleados de la administración pública fue creada en Argentina, en 1904. El primer sistema no contributivo de pensiones en la región fue creado en Uruguay, en 1919.
El primer sistema nacional obligatorio de seguridad social en toda América fue instituido en Chile en 1924, e incluía la Caja del Seguro Obrero, la Caja Nacional de Empleados Públicos, y la Caja de empleados Particulares.
Desde entonces, en América Latina hay casi tantas versiones de la seguridad social como países de la región. Pero, a pesar de que no hay un modelo único de sistemas de jubilación, un común denominador a muchos fue el seguimiento de las reformas implementadas en Chile en 1981.
“En esa reforma se sustituyó completamente el sistema público civil de reparto por uno de capitalización individual administrado por el sector privado”, reza un estudio al respecto, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Diez países latinoamericanos se sumaron a esa ola reformista, y hoy dista de haber un sistema unitario de jubilaciones en la región. Algunos, como Argentina, Brasil y Chile, contemplan edades distintas de jubilación según el género (ver cuadro).
Otros, como Brasil y Nicaragua, incluyen condiciones especiales para trabajadoras y trabajadores de sectores específicos (en Brasil el sector agrícola, y en Nicaragua, los sectores educativo y minero, entre otros).
Algunos sistemas siguen teniendo una marcada presencia del Estado, mientras que en otros, la reforma imprimió un fuerte giro hacia la privatización en el manejo de los fondos de pensiones.
Latinoamérica envejece
Como quiera que sea, todos los sistemas latinoamericanos de pensiones se enfrentan a retos enormes. El principal es el giro demográfico que desde 2020 sufre, por edades, la población en América Latina. Tan solo en Brasil y Colombia, la proporción de personas de 65 y más años respecto de la población total se duplicará en las próximas dos décadas.
“Los modelos actuales de jubilación en América Latina representan un fuerte desafío a las finanzas públicas, principalmente por el aumento de la población de más de 65 años, una mayor expectativa de vida (75 años) y el drástico incremento de enfermedades (cardíacas, diabetes e hipertensión)”, dice a DW desde México Othón Partido Lara, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Iberoamericana-León.
“El escenario se complica por la precarización del trabajo y la alta proporción de la población en el sector informal, por lo tanto, no asegurada. Urge una reforma de fondo, pero también hay una fuerte presión del sector privado para que esta no tenga un contenido social”, agrega el experto.
América Latina vivirá en 24 años un envejecimiento poblacional cuyo equivalente tardó 56 años en producirse en Europa. Para el año 2045, las proyecciones indican que cerca del 18 por ciento de la población total latinoamericana estará conformada por personas de 65 años o más.
“Lo más probable es que la protección social (la cobertura y el nivel de las prestaciones) que presenten los sistemas de pensiones no sea equivalente, lo que podría provocar importantes efectos económicos y sociales”, coincide el estudio de la CEPAL.
Necesidad y política
No obstante estos factores, el debate sobre posibles reformas a los sistemas de jubilación parece no avanzar mucho. “En Chile la discusión es de alto voltaje político, y con la problemática del COVID, a regañadientes el gobierno tuvo que aceptar que la gente pudiera hacer retiros parciales. En México, la discusión está bastante invisibilizada pero siempre se abordó, al menos desde el periodo de (Ernesto) Zedillo”, dice Partido Lara.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promovió algunas reformas a la Ley de Seguridad Social y de los Sistemas de Ahorro para el retiro, para fijar topes a las comisiones, pero aumentar la edad de jubilación parece ser, en México como en muchos otros países, tema tabú. “El Presidente aclaró que mientras él sea mandatario, no se iba a modificar” la edad de jubilación, apunta el académico de la Universidad Iberoamericana-León.
En Europa, la edad de jubilación es también un tema delicado. Sin embargo, países como Alemania y España han logrado avanzar hacia un aumento gradual de la edad de jubilación, que en ambos casos debe alcanzar un tope de 67 años.
Aun así, en Alemania hay ya quien propone un nuevo aumento en dicha frontera, hasta los 68 años de edad.
Enrique López Magallón Periodista de DW.