DW, 220824.
Supremo de Venezuela ratifica victoria electoral de Maduro
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió el jueves (22.8.2024) sentencia sobre el recurso contencioso electoral presentado por Nicolás Maduro para certificar los resultados de las elecciones del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
El Supremo, acusado de servir al chavismo gobernante, certificó la reelección de Maduro para un tercer mandato de seis años, tras denuncias de fraude por parte de la oposición.
La corte certificó “de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
La oposición denuncia fraude
La sentencia, con la que concluye de manera “inequívoca e irrestricta” la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.
Rodríguez explicó que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales “altamente calificados e idóneos”, cuyas identidades se desconocen, así como los detalles de la validación. Este proceso se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que denuncia fraude electoral.
MS (Efe/Reuters/afp).
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Las actas secretas de Maduro
DW, 20/08/202420 de agosto de 2024
La demanda de verificación independiente de los resultados electorales en Venezuela encuentra oídos sordos en Caracas. ¿Qué papel está cumpliendo el Tribunal Supremo de Justicia?
Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validara el triunfo electoral atribuido a Nicolás Maduro no sorprendería a nadie. Tampoco a la oposición, que le atribuye a esa corte tanta neutralidad como al Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya proclamó hace semanas la victoria de Nicolás Maduro.
“Estas elecciones se hicieron en un marco de ausencia del Estado de derecho”, recuerda a DW Leandro Querido, fundador de la organización Transparencia Electoral. “Al no tener Estado de derecho ni división de poderes, todas las instancias responden al poder ejecutivo y eso se ha visto con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, que ha sido vergonzoso”, afirma. El especialista ha seguido procesos electorales en América Latina desde hace 15 años y asegura no recordar “ningún fraude electoral estructural más grotesco en la historia contemporánea” de la región.
“El mismo control que el Gobierno ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral lo ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Lo más grave es que no hay instituciones internas para dar respuesta a esta situación”, afirma por su parte Alfredo Rojas Calderón, doctor en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Políticas, e investigador en la Universidad Complutense de Madrid.
Rojas acaba de pasar varios días en Venezuela, donde fue a votar. Considera que la estrategia del Gobierno ha consistido en traspasar la responsabilidad del CNE al TSJ, esperando que, con su pronunciamiento, se dé por zanjado el tema: “Es una última instancia, entonces, allí quedaría el asunto, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia se exprese. Eso tendría el carácter de cosa juzgada, por lo tanto, ahí no habría nada más que hacer”.
Así explica Rojas la intención de Maduro. Y hace notar un aspecto curioso: “El que se considera ganador de las elecciones y ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, es quien recurre al Tribunal Supremo de Justicia para hacer un reclamo… Este es un dato más que evidencia que los resultados anunciados por el CNE no son creíbles”.
Las actas existen
Lo concreto es que no se han publicado las actas electorales, pese a la insistencia de la comunidad internacional. “Ellos tienen las actas que tiene la oposición. Recordemos que la máquina, cuando se hace el escrutinio en cada mesa, emite en formato papel un respaldo. Y las actas que tiene la oposición -el 83 por ciento- las tiene también la autoridad electoral, que no sabemos por qué nunca las mostró”, subraya el fundador de Transparencia Electoral, Leandro Querido.
Descarta prácticamente que se puedan publicar documentos alterados. “Es, yo diría, imposible, porque hay actas originales en poder de la oposición, que las mostró al mundo a través de una plataforma. Sería muy evidente la manipulación”, dice, mencionando además los resguardos de seguridad.
También Rojas destaca ese punto. “He conversado con algunas personas expertas en el sistema, y dicen que tendrían problemas si quisieran falsificar o emitir nuevas actas. Porque tendrían que desarrollar todo el proceso nuevamente. Falsificar las actas con los códigos de seguridad que tienen, incluyendo la firma de los miembros y testigos de las mesas, es imposible dentro del sistema. Fuera del sistema podrán hacer cualquier cosa. Buscar impresoras que lo hagan de la forma más precisa posible, no sé”, reflexiona el politólogo venezolano.
La tesis del “hackeo”
El Gobierno ha hablado de un ataque informático, argumento que fue usado también para recurrir al TSJ. “Yo llegué a pensar que eso podía conducir al planteamiento de una repetición de las elecciones”, comenta Rojas. “Pero no se hizo. Hubo resultados electorales”. Al dar esos resultados, por mera lógica, la tesis del hackeo pierde sentido. “Si tu candidato ganó, como dices, y ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral con ese hackeo, entonces significa que ese hackeo no es el problema”, indica.
Expertos cuestionan la gestión del Consejo Nacional Electoral venezolano.Imagen: Pedro Rances Mattey/Anadolu/picture alliance
Leandro Querido habla de un “sinsentido”. Y pone en tela de juicio lo que pudiera publicarse ahora. “Eso no es susceptible de verificación alguna y, sobre todo, no es susceptible de ser verificado por organismos independientes… No hay nadie que esté avalando hoy el accionar de la autoridad electoral y de esta instancia judicial”. Por eso, considera que “seguir reclamándole a una autoridad electoral que respalde con documentos el resultado que en su momento dio, al día de hoy, es extemporáneo”.
Para Alfredo Rojas, en cambio, sigue teniendo sentido que la comunidad internacional demande la publicación de las actas, “siempre y cuando se pase de esa exigencia a una gestión”. Plantea que se tendría que poner ya a disposición un grupo de expertos que se presente al Gobierno venezolano, para hacer la auditoria y la verificación de los resultados. Y que eso debería ir acompañado de un diálogo: “Aquí, la única salida democrática, institucional, política, es la negociación. Eso es lo que debe forzarse, a eso debe conducir la presión, tanto interna como internacional”.
Leandro Querido concuerda en que la solución a la crisis de Venezuela “vendrá ahora más que nada del plano político, de las negociaciones, porque lo electoral ya pasó”.
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“En Venezuela, la represión está funcionando”
21/08/202421 de agosto de 2024
Detenciones arbitrarias, una ley contra onegés, anulación de pasaportes: la crisis de derechos humanos se acrecienta en Venezuela. Defensores piden ayuda a la comunidad internacional.
“La represión en Venezuela está funcionado, la gente tiene muchísimo miedo. En el marco de la Operación Tun Tun llegan a las casas funcionarios del Estado y de la fuerza pública; sin orden judicial se llevan a las personas por -de una u otra manera- haberse manifestado en contra del supuesto triunfo electoral del actual Gobierno. Las entradas de los centros de detención están llenas de familiares buscando a su gente, pidiendo una prueba de vida”, cuenta a DW María Pía Alvira, jefa regional para América Latina de la organización Civil Rights Defenders.
Este observatorio internacional es una de las 25 organizaciones firmantes de un llamado a la comunidad internacional a prestar atención y apoyo a las víctimas de la grave crisis de derechos humanos que se suma a la crisis política en Venezuela.
¿Dónde y cómo están los detenidos?
“Es difícil precisar dónde o cómo están. A los detenidos se los ha mantenido incomunicados y no han podido hablar ni con sus familiares ni con sus abogados de confianza”, explica a DW Gonzalo Himiob, director de la organización Foro Penal.
Esta organización de derechos humanos -que ofrece asistencia jurídica pro bono a detenidos arbitrariamente- contabiliza, a partir del 28 de julio, 1.503 detenidos. Estas cifras no coinciden con las que circula el propio Nicolás Maduro, quien habla de más de dos mil.
“Efectivamente, no coinciden ni siquiera con las que da el propio Ministerio Público. Con esas cifras, el señor Maduro intenta magnificar lo que lo que ya es bastante grave, ciertamente, pero que no ha llegado a esos extremos. La voluntad es ejercer una acción intimidatoria que neutralice a las personas que quieran salir a protestar”, explica Himiob. Las cifras que maneja Foro Penal provienen de su investigación en los centros de detención y de denuncias.
“Por lo poco que hemos podido indagar a través de familiares, sabemos que los detenidos han sido trasladados: un grupo importante de mujeres al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y a las Crisálidas en Los Teques; los adultos a cárceles nacionales y los adolescentes a centros de retención en diferentes estados”, precisa el director de Foro Penal.
“Pero no hay información oficial ni comunicación. Les han asignado un empleado del Estado para su defensa”, subraya Himiob, apuntando a otra grave irregularidad: la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. En la base de estas detenciones está el desconocimiento del derecho a la libre expresión, la circulación y manifestación.
¿De qué se les acusa?
“Es muy difícil saber de qué se les está acusando. No obstante, el mismo Ministerio Público anunció, en los primeros días de las manifestaciones, que los que participaran en protestas iban a ser imputados de terrorismo, instigación al odio, traición a la patria y obstaculización de vías públicas”, puntualiza el director de Foro Penal, organización que funciona con una red de abogados voluntarios.
“Están utilizando también otro instrumento de castigo: la anulación de los pasaportes, sin notificación. Tanto a venezolanos en el exilio como a los que están aún en el país”, cuenta María Pía Alvira. El alcance de este mecanismo de control social sobre las personas que se han pronunciado o que han colaborado en las elecciones representando a la oposición es inmenso. “No pueden volver, no pueden salir, no pueden circular”, ilustra la directiva de Civil Rights Defenders.
Sin documentación, sin defensa
En esta situación de indefensión, el llamado a los países que acogen venezolanos es a prestarles apoyo. También a tener en cuenta que, con la recién aprobada “Ley Anti-ONG“, las organizaciones defensoras podrían ser ilegalizadas. “Esto es una barrera más para la defensa de los derechos dentro del país”, alerta Alvira, añadiendo que, por ejemplo, para acceder a fondos de la Unión Europea, consciente de la “grave crisis” del país, se necesita un registro nacional que pronto podría ser imposible.
“Nuestro llamado es a que la comunidad internacional tenga en cuenta que a la crisis política se suma una grave crisis de derechos humanos; se necesita solidaridad con la sociedad civil de Venezuela”, concluye.
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Detienen a la periodista Ana Carolina Guaita en Venezuela
Hace 16 horasHace 16 horas
La reportera del portal ‘La Patilla’ es también hija de dos dirigentes del partido COPEI en La Guaira, que están fuera del país y que son solicitados por las autoridades.
Otra periodista de Venezuela fue detenida en medio de la crisis poselectoral desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, que suma 2.400 arrestos, informó a la agencia AFP el sindicato de la prensa este miércoles (21.08.2024).
Ana Carolina Guaita es reportera del portal La Patilla, crítico del Gobierno, en La Guaira. Cubrió el derribo de una estatua del fallecido Hugo Chávez en esa ciudad costera vecina de Caracas durante las protestas que estallaron tras el anuncio del resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024 y que dejaron 25 muertes en todo el país.
“Hasta ahora no hemos podido confirmar cuál es el centro de detención”, dijo el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz. No están claros tampoco los cargos que se le imputan.
Según La Patilla, fue arrestada el 20 de agosto por los servicios de inteligencia en una “operación inusual y sin indicios racionales”.
Dos reporteros gráficos, Deisy Peña y Yousner Alvarado, así como el camarógrafo Paul León están detenidos por motivos desconocidos. También, Roland Carreño y José Gregorio Camero, periodistas de profesión, pero más dedicados al activismo político.
Guaita es hija del secretario general del partido COPEI en La Guaira, Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, también dirigente de esa organización. La familia teme -según Ruiz- que la detención de la periodista persigue “tenerla como ficha de canje” por sus padres, que están fuera del país y son solicitados por las autoridades.
Ruiz menciona además la cobertura de la destrucción de la estatua de Chávez, en una plaza neurálgica de esta ciudad portuaria, donde está también el principal aeropuerto del país. “El tema de la estatua generó mucha controversia y despertó los demonios”, aseguró el sindicalista.
Maduro, considerado como el heredero de Chávez, fue proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude y asegura tener pruebas que corroboran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.
Las protestas que se registraron al día siguiente dejaron además 192 personas heridas. Maduro habilitó dos cárceles de máxima seguridad para los 2.400 detenidos, que califica de “terroristas”.
ama (afp, cnn, la patilla)