Equiparar como delito de fraude las ofertas laborales falsas o engañosas que pongan en riesgo la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas, es la propuesta presentada por la diputada Ana María Durón mediante una reforma al Código Penal del Estado de Durango.
La legisladora planteó que la medida busca proteger a quienes buscan empleo y evitar que sean víctimas de engaños a través de anuncios o supuestas oportunidades laborales.
“No estamos persiguiendo a empleadores honestos. Estamos poniendo un alto a quienes, con dolo, utilizan el trabajo como anzuelo para dañar. Durango no puede ser tierra fértil para estas prácticas”, expresó durante la ampliación de motivos.
Explicó que actualmente miles de personas revisan anuncios de empleo en redes sociales, mensajes telefónicos o plataformas digitales, con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral; sin embargo, advirtió que detrás de muchas de estas ofertas se esconden esquemas de fraude.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI señaló que estas prácticas buscan obtener dinero, robar datos personales o incluso vaciar cuentas bancarias, lo que afecta el patrimonio y la confianza de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.
La diputada añadió que este fenómeno ha evolucionado junto con la tecnología, ya que el engaño ya no ocurre únicamente de manera presencial, sino mediante anuncios atractivos o promesas urgentes que terminan atrapando a personas en busca de empleo.
También alertó que algunas ofertas laborales fraudulentas han sido utilizadas para captar personas con fines criminales, lo que ha derivado en situaciones que ponen en riesgo la libertad, la integridad e incluso la vida de las víctimas.
Ante este escenario, la iniciativa plantea cerrar vacíos legales y facilitar la investigación, al establecer que las ofertas laborales falsas o engañosas puedan ser perseguidas como fraude cuando afecten la salud, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas.
“Esta iniciativa no es sólo un ajuste al Código Penal. Es una decisión ética. Es asumir que el derecho al trabajo también implica el derecho a buscarlo sin miedo”, concluyó la legisladora.