Con el objetivo de fortalecer la recaudación del servicio de agua potable en los municipios, se propuso reformar la Ley de Agua del Estado para permitir que, mediante convenios de colaboración con la Comisión del Agua del Estado, el Gobierno estatal apoye en el cobro de los derechos por este servicio.
La iniciativa plantea que la Comisión del Agua del Estado pueda celebrar convenios de colaboración administrativa con los municipios o sus organismos operadores, para que el Estado —a través de la propia Comisión o de la Secretaría de Finanzas y de Administración— participe en el proceso de recaudación, manteniendo el carácter municipal de los ingresos.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, señaló que la propuesta busca mejorar la capacidad de los municipios para garantizar el servicio a la población.
“Esta reforma no centraliza el agua ni quita facultades a los municipios; al contrario, los fortalece. El servicio sigue siendo municipal y los ingresos también, pero se habilita una herramienta administrativa eficaz para recaudar lo que ya se consume”, puntualizó al ampliar los motivos de la iniciativa.
Explicó que actualmente muchos municipios enfrentan limitaciones administrativas, técnicas y jurídicas para realizar una recaudación eficiente, a pesar de que tienen la responsabilidad constitucional de prestar el servicio de agua potable.
“Hoy vemos que se factura menos agua de la que se distribuye, los padrones no son confiables, la medición es insuficiente y la cobranza es débil. Esto genera un círculo vicioso: menos recaudación, menos inversión, peor servicio y más rezago”, expresó.
El legislador aclaró que, aun cuando el Estado participe en el proceso de cobro mediante convenios, los recursos recaudados seguirán perteneciendo íntegramente a los municipios.
La iniciativa también contempla la posibilidad de crear organismos operadores intermunicipales, cuando exista coordinación entre ayuntamientos, con el propósito de fortalecer la escala administrativa y reducir costos.
Además, se plantea que, en los casos en que los ingresos por cuotas y tarifas sean recaudados por autoridades estatales mediante convenio, adquieran el carácter de créditos fiscales, lo que permitiría utilizar herramientas jurídicas para su ejecución y garantizar un cobro más eficiente.