La diputada Ana María Durón Pérez afirmó que los programas sociales deben reconocerse plenamente como derechos exigibles y no como apoyos sujetos a voluntades políticas, al considerar necesario un proceso de normalización que fortalezca su legitimidad y evite su uso clientelar.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora sostuvo que estos programas son mecanismos de redistribución del ingreso y compensación social, orientados al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo, especialmente de los sectores en situación de vulnerabilidad. “En palabras claras, los programas sociales existen para mejorar las condiciones de vida de la población y para reducir la pobreza y la desigualdad en sectores de alta prioridad”, señaló.
Durón Pérez advirtió que persiste una práctica de irresponsabilidad y clientelismo, en la que personas o grupos intentan convertir los apoyos en moneda de cambio político, lo que vulnera la dignidad ciudadana y debilita la democracia. Asimismo, recordó que los programas sociales no son exclusivos de gobiernos recientes, sino que forman parte de la política pública desde hace décadas, aunque en los últimos años se ha reforzado una percepción errónea que los presenta como favores y no como derechos establecidos en la Constitución y las leyes.
Finalmente, planteó que normalizar los programas sociales implica consolidar una visión social que los reconozca como derechos y no como instrumentos de intercambio político, con una relación más equitativa entre el Estado y la ciudadanía basada en condiciones objetivas.