Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección para quienes denuncian actos de corrupción, el Congreso del Estado analiza una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de reconocer a los denunciantes como personas defensoras de derechos humanos.
La propuesta plantea que toda persona que presente una denuncia formal por hechos de corrupción ante las instancias competentes pueda acceder al mismo marco de protección que actualmente contempla la ley para periodistas y activistas, ante riesgos como amenazas, represalias, campañas de desprestigio o agresiones físicas.
Al presentar la iniciativa, el diputado Fernando Rocha Amaro señaló que quienes denuncian corrupción enfrentan riesgos equiparables a los de periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que —dijo— el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para ejercer este derecho. “No podemos exigir valentía si como Estado no les garantizamos protección”, expresó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que la reforma busca ser congruente con los estándares internacionales en la materia, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como con los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El legislador sostuvo que denunciar la corrupción implica una defensa directa de la sociedad, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones públicas. Añadió que la corrupción vulnera derechos humanos al afectar servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo comunitario.
Finalmente, advirtió que este fenómeno debilita la confianza ciudadana, fomenta la impunidad y profundiza la desigualdad social, además de impactar derechos colectivos como el acceso al agua, la salud, la educación y un medio ambiente sano.