El Congreso del Estado tipificó como delito la cobranza ilegítima al reformar por unanimidad el Código Penal, con el objetivo de frenar prácticas de hostigamiento e intimidación en actos de cobranza y proteger a la ciudadanía de abusos fuera del marco legal.
La reforma establece sanciones para quienes realicen actos de cobranza extrajudicial mediante amenazas, coacción o simulación de procedimientos judiciales o administrativos. Al respecto, las y los legisladores señalaron que la intención es garantizar que la recuperación de adeudos se realice con respeto a los derechos humanos y dentro de los límites que marca la ley.
La iniciativa fue presentada por la diputada Sughey Torres Rodríguez y analizada por la Comisión de Justicia. Durante su estudio, se expuso que la medida busca proteger a personas que, por distintas circunstancias, han incurrido en morosidad y son objeto de prácticas abusivas por parte de particulares que, al intentar ejercer un derecho, recurren a métodos intimidatorios.
Entre las conductas que se busca erradicar se encuentran llamadas en horarios nocturnos, de madrugada o en fines de semana; el envío de cartas intimidatorias a domicilios y centros de trabajo; así como la simulación de documentos o actos judiciales o administrativos, atribuyéndose facultades exclusivas de una autoridad.
Las y los diputados reconocieron que el incremento en operaciones financieras —como compraventas, inversiones, financiamientos y préstamos— ha venido acompañado de un aumento en adeudos impagados y de la intervención de despachos de cobranza. Sin embargo, subrayaron que dicha actividad debe desarrollarse bajo principios de legalidad, ética y respeto a la dignidad de las personas.
En el debate, también se advirtió que algunas prácticas de cobranza han generado presión psicológica, hostigamiento y divulgación indebida de información personal, lo que vulnera derechos fundamentales y provoca afectaciones emocionales, sociales y familiares. En ese sentido, consideraron que la tipificación de la cobranza ilegítima representa un avance relevante en la protección de las y los duranguenses frente a abusos.