El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal local para homologarlo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de fortalecer la protección de las familias y mejorar la respuesta institucional ante uno de los delitos que más afectan al tejido social.
El dictamen, avalado por las y los diputados, deriva de tres iniciativas analizadas y dictaminadas por la Comisión de Justicia, en atención a la urgencia nacional de actualizar el marco jurídico frente a nuevas formas de operación de grupos delictivos.
Con esta armonización legal, Durango avanza hacia un sistema más robusto y acorde con los principios de seguridad jurídica, además de reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir y sancionar la extorsión, delito que impacta directamente en hogares, negocios y comunidades.
Las adecuaciones permitirán atender nuevas modalidades de extorsión, brindar protección integral a las víctimas y responder a expresiones de violencia patrimonial y económica cada vez más sofisticadas.
El Congreso subrayó que esta reforma prioriza un entorno seguro para las familias, así como la obligación del Estado de actualizar el derecho penal frente a las transformaciones sociales y tecnológicas.
De acuerdo con la ENVIPE del INEGI, más del 96% de los casos de extorsión no se denuncian por temor a represalias o desconfianza institucional, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco legal actualizado y mecanismos más eficaces de atención.