El Congreso del Estado aprobó dos nuevas leyes y diversas reformas orientadas a modernizar el marco jurídico de Durango, clarificar procesos administrativos y fortalecer la transparencia, la recaudación y la operación municipal, dijo Ernesto Alanís Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Entre los cambios destacan la nueva Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y sus Municipios, así como ajustes a normas en materia administrativa, civil, registral, protección civil y transporte.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, informó que la nueva Ley de Hacienda sustituye un ordenamiento “desactualizado y confuso”. “Esta nueva ley brinda claridad en su articulado y evita interpretaciones erróneas en materia de contribuciones, garantizando un documento moderno y funcional tanto para la ciudadanía como para la administración pública estatal”, señaló.
También destacó la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal, que armoniza la legislación estatal con lineamientos federales y da mayor certeza a los municipios en la recepción y manejo de recursos. “Con este nuevo marco jurídico, los municipios contarán con mayor certeza… lo que fortalece sus finanzas y capacidades operativas”, expresó.
En materia administrativa, el Pleno aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, como parte de una reingeniería institucional. Entre ellas sobresale la actualización de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, que reforzará vigilancia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Asimismo, se avalaron dos reformas al Código Civil del Estado para mejorar la administración y manejo de recursos, fortalecer la recaudación e incorporar precisiones en justicia para adolescentes, especialmente en temas de patria potestad.
El Congreso también aprobó ajustes a la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad, con el fin de resolver vacíos operativos y facilitar el uso de herramientas digitales que agilizarán trámites y brindarán mayor certeza a las personas usuarias.
En materia de protección civil, se reformó la ley estatal para establecer que sus disposiciones serán de observancia general también para empresas, e incorporar la obligación de clasificar las unidades económicas según el nivel de riesgo de sus actividades.
Finalmente, se modificó la Ley de Transportes del Estado para regular de manera expresa el servicio de transporte ejecutivo privado operado mediante plataformas tecnológicas, cuya demanda ha crecido entre la población en los últimos años.