El gobierno federal debe implementar acciones inmediatas y destinar recursos permanentes para proteger a las mujeres víctimas de violencia, expresaron las iputadas Sughey Torres Rodríguez y Verónica González Olguín, de la coalición “Unidad y Valor por Durango” (PRI-PAN) al presentar dos iniciativas enfocadas en refugios y órdenes de protección emergentes.
Desde tribuna, la legisladora priista Sughey Torres advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no destina un solo peso específico para la operación de refugios, lo que pone en riesgo a mujeres en situación de violencia. “Los refugios para las mujeres no son un lujo, no son un favor ni un capricho; son la diferencia entre la vida y la muerte”, sentenció.
Torres presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de obligar al gobierno federal a otorgar recursos permanentes, no discrecionales, para la instalación, operación y mantenimiento de refugios en los estados y municipios. Advirtió que no garantizar su funcionamiento significa “cerrar puertas que deberían estar abiertas para todas las mujeres” y dejar “sus vidas en riesgo”.
Por su parte, la diputada Verónica González destacó que siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, y señaló que delitos como el feminicidio exigen hablar con verdad y resultados. Afirmó que, en Durango, el 100 por ciento de los casos han sido esclarecidos y cuentan con sentencias condenatorias. “Cuando se trata de proteger a las mujeres, trabajamos en unidad y con seriedad”, expresó.
González presentó otra iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las órdenes de protección se emitan de forma inmediata, sin necesidad de denuncia previa, pues “un trámite no puede ser una condicionante para salvar una vida”, indicó.
Con ambas propuestas, las legisladoras señalaron que la violencia contra las mujeres no tiene colores partidistas, pero sí exige resultados, sensibilidad y responsabilidad del Estado mexicano.