Para sancionar la discriminación laboral por embarazo, maternidad o lactancia, se presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación. La propuesta busca frenar prácticas que restringen el acceso, permanencia, desarrollo profesional o ascenso de las mujeres debido a su condición de maternidad, planteó la diputada Dany Soto Hernández.
La legisladora señaló que garantizar la igualdad sustantiva es un compromiso con la dignidad y los derechos de las mujeres, y que esta reforma se impulsa en el marco del Mes Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de visibilizar y erradicar una de las formas más silenciosas de violencia laboral.
Recordó que miles de mujeres en México continúan enfrentando despidos, hostigamiento, limitaciones en ascensos o exigencias de pruebas de embarazo, pese a los avances en materia de igualdad. Indicó que la violencia laboral afecta la toma de decisiones sobre su vida, cuerpo y futuro, y que “también mata sueños, limita proyectos y destruye esperanzas”.
Soto Hernández explicó que la violencia de género en los centros de trabajo se expresa desde comentarios despectivos hasta la negación de oportunidades o la reducción salarial, lo cual impacta en la salud física, emocional y en la independencia económica de las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 21.7% de las mujeres de 15 años y más sufrió discriminación laboral. De ellas, 10.8% tuvo menos oportunidades de ascenso que los hombres; 9.8% recibió menor salario por el mismo trabajo; 4% fue obligada a presentar una prueba de embarazo; y 0.6% fue despedida o sufrió reducción salarial por estar embarazada.
La diputada destacó que detrás de estas cifras hay historias reales de mujeres que fueron excluidas por una condición natural que debería recibir apoyo. Añadió que, según la misma encuesta, los principales agresores son compañeros de trabajo (36.6%), jefes o patrones (17.5%) y clientes (15.4%), lo que confirma que se trata de un problema estructural que demanda atención legislativa urgente.