El Congreso del Estado de Durango aprobó y presentó reformas clave en materia de inteligencia artificial y protección digital, con el objetivo de promover su uso ético en la salud pública y fortalecer las sanciones contra delitos que vulneran la intimidad y la seguridad de las personas.
Durante la sesión ordinaria, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narváez, propuso modificar la Ley de Salud del Estado para incorporar el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de las políticas públicas del sector. Con ello, la Coordinación del Sistema Estatal de Salud deberá establecer lineamientos para su aplicación en programas y acciones sanitarias, mientras que el Consejo Estatal de Salud diseñará estrategias que aseguren un aprovechamiento tecnológico en beneficio de la población.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Héctor Herrera Núñez, planteó una iniciativa para reformar la Ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el fin de reforzar la protección de identidad y seguridad digital de víctimas, testigos y operadores de justicia. La propuesta incluye reconocer como violencia digital toda acción tecnológica que afecte la dignidad o intimidad de una persona, e incorporar una Unidad de Protección Digital (UPD) dentro de la Fiscalía, que trabajará en coordinación con la policía cibernética.
Además, el Pleno aprobó reformas al Código Penal del Estado para tipificar el delito de violencia a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial, imponiendo penas de cinco a nueve años de prisión y multas de 360 a 648 UMA a quienes generen, manipulen o difundan contenido sexual falso o simulado sin consentimiento.
La diputada Sandra Amaya destacó que las sanciones serán más severas cuando las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, o si el material se obtiene sin autorización de redes sociales o plataformas digitales.
Con estas medidas, Durango se coloca a la vanguardia legislativa en el país al regular el uso ético de la inteligencia artificial y proteger la seguridad digital de sus ciudadanos.