El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y endurecer las sanciones contra quienes difundan de manera indebida imágenes o videos de personas fallecidas, especialmente en casos de feminicidio, violencia, accidentes o cuando se trate de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta de la diputada Sughey Torres Rodríguez plantea aumentar en una mitad las penas previstas actualmente —de seis meses a seis años de prisión y multas económicas— cuando la difusión involucre material sensible de estos casos. El objetivo es reforzar la protección de la dignidad post mortem y los derechos de los familiares, así como frenar la revictimización que genera la exposición de este tipo de contenidos en redes sociales o medios de comunicación.
Torres subrayó que la iniciativa no crea nuevos delitos, sino que fortalece las disposiciones vigentes al establecer sanciones más severas para servidores públicos que incurran en esta práctica. Recordó que el artículo 364 del Código Penal ya contempla castigos por la divulgación indebida de información o imágenes relacionadas con hechos delictivos, pero consideró necesario enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos actos.
“La dignidad humana no termina con la muerte, debe prevalecer el respeto incluso cuando las personas dejan de existir físicamente. Este principio está reconocido en la ley nacional, en normas locales y en los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó la legisladora priista.