La herida abierta de las fosas clandestinas en México
Viola Traeder.
DW, 270325.
La guerra contra el narcotráfico ha disparado el número de desaparecidos en México. Las fosas clandestinas son muestra de un complejo fenómeno que se multiplica.
El descubrimiento de cientos de zapatos, restos de ropa y huesos humanos calcinados en un “campo de adiestramiento” del narcotráfico, en Teuchitlán, es solo una de las piezas más recientes del desgarrador mosaico de los desaparecidos en México, un país tapizado de fosas clandestinas.
“Teuchitlán, lamentablemente, vino a abrirle los ojos no solo a México, sino al mundo entero, para que se den cuenta que las desapariciones aquí son un fenómeno horrible, que lleva años y solamente ha ido empeorando”, dice a DW Aranzazú Ayala Martínez, de la organización Quinto Elemento Lab.
“Como mínimo desde hace diez años, las familias de los desaparecidos han buscado, denunciado, se han manifestado, movilizado, hacen caravanas, cierran casetas, se plantan frente a presidentes y nunca nadie les ha hecho caso. Ningún Gobierno mexicano está exento de responsabilidades y hablo de los tres niveles de Gobierno”, prosigue la periodista mexicana, especializada en tema de derechos humanos.
Registro oficial y cifra negra
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 1952 hasta la fecha se han contabilizado más de 354.000 personas desaparecidas en el país. De éstas, más de 126.000 personas siguen en paradero desconocido. Las otras más de 228.000 víctimas ya fueron localizadas, vivas o muertas.
El registro se alimenta principalmente de las investigaciones abiertas en las fiscalías estatales, de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República.
“Sin embargo, ha habido ejercicios de contraste donde los reportes estatales no coinciden con los que reporta el registro nacional, a veces con una diferencia de 3.5 a 1, o casos como el de Jalisco que, a pesar de ser el estado con el mayor número de desaparecidos, suele no reportar sus datos a la comisión de búsqueda”, observa Michael W. Chamberlin, director de la consultora de derechos humanos Consultora Solidaria SC.
Asimismo, considerando la cifra negra de crímenes no denunciados, Chamberlin teme que el número de personas desaparecidas pueda ser “exponencial”. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2024, el 92,9 por ciento de los delitos no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación.
“Grave crisis forense”
Ayala Martínez destaca, además, que en México hay 70.000 cuerpos sin identificar en las morgues y servicios médicos forenses. “Vivimos una grave crisis forense también como consecuencia de las desapariciones”, subraya.
El fenómeno de las desapariciones nació en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, como política militar contrainsurgente que perseguía a disidentes políticos armados, explica a DW Chamberlin, defensor de derechos humanos en México desde hace 30 años.
“Para aquella época se contabilizaron oficialmente alrededor de 580 personas desaparecidas, colectivos de aquellos años señalaban al menos 1.000. A partir de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, los casos se multiplicaron hasta llegar a la cifra de 126.000″, añade.
Por su parte, en los primeros cien días del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum , se han reportado 4.000 personas desaparecidas.
Mapas de fosas
En el marco del proyecto “A dónde van los desaparecidos”, del cual la periodista Aranzazú Ayala Martínez es coordinadora ejecutiva, se elaboró en 2018 el primer mapa de entierros ilegales en el país. Actualmente, no hay datos oficiales al respecto disponibles al público. La mayoría de la información se basa en esfuerzos de la sociedad civil.
La Universidad Iberoamericana (IBERO), por ejemplo, tiene su propia base de datos, que alimenta con los hallazgos que se han publicado en la prensa nacional y local.
Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, cuenta a DW que, en el periodo de 2006 a mayo de 2024, se han registrado 3.298 fosas clandestinas. El 51 por ciento de los hallazgos se concentra en los estados de Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco (gráfico).
“A pesar de tener un menor número de fosas, Jalisco es el estado en donde se han encontrado más cuerpos, 1.128”, apunta Horcasitas. Aunque un estado no es necesariamente más seguro por tener un menor número de fosas, prosigue.
“En la Ciudad de México hay hallazgos cotidianos de restos humanos, de cuerpos que son aventados en los bosques de los alrededores; en Chihuahua, en la sierra; en Sonora, en el desierto; en Tamaulipas, hay sitios de exterminio, donde se calcinan restos”, detalla.
¿Cómo se persigue este delito?
La desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado y la desaparición por personas particulares son tipificadas como delito en México desde 2017. Antes, las desapariciones por particulares no eran perseguidas, únicamente en el caso de secuestros en los que se pedía rescate.
La ley de 2017 llevó a la creación del sistema nacional de búsqueda de personas, con una comisión nacional y comisiones locales en cada estado. “Sin embargo, en los hechos, el sistema no funciona. Las autoridades, lejos de coordinarse, investigan cada caso como si fuera aislado y las autoridades políticas niegan sistemáticamente el fenómeno y, en el mejor de los casos, acusan a los grupos delincuenciales y no asumen responsabilidad”, sentencia el defensor de derechos humanos Michael W. Chamberlin.
Por su parte, Ayala Martínez, de Quinto Elemento Lab, denuncia que “no solo no cesan las desapariciones, sino que los cuerpos, los cadáveres, las entregas, las repatriaciones se van acumulando y se van transversalizando otras problemáticas, por ejemplo, la de migrantes”, comenta, aludiendo a personas de otros países que desaparecen en México, algo que añade aún más complejidad al fenómeno de las personas en paradero desconocido.
(ms).
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NOTA RELACIONADA.
México: colectivos en busca de desaparecidos y la verdad
Viola Traeder.
Dw, 27202325.
En México, donde el descubrimiento de fosas clandestinas no cesa, los colectivos de familiares de desaparecidos han impulsado la búsqueda de las víctimas y la persecución de los crímenes.
San Fernando, la Bartolina, la Gallera, Teuchitlán son algunos de los lugares que se han convertido en sinónimos de fosas clandestinas en México, que evidencian crímenes atroces.
Cada día se descubren más entierros ilegales en el país, gracias al esfuerzo de los familiares de desaparecidos y colectivos de buscadores. Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, calcula que existen cerca de 200 agrupaciones de este tipo en México, mínimo una en cada entidad estatal.
“No hay un registro como tal, porque hay colectivos de 50 familias, de 180 familias, pero también hay colectivos de tres familias. Son agrupaciones que varían en su tamaño y también en la visibilidad. Algunas tienen redes sociales, otras no, algunas se institucionalizan, se formalizan, se vuelven asociaciones civiles, otras no”, explica a DW la académica especializada en el fenómeno de las desapariciones.
Más allá de las fronteras
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos, por ejemplo, agrupa a más de 80 colectivos de México y Centroamérica. Asimismo, hay otras agrupaciones transfronterizas, como Armadillos, que se dedica a la búsqueda de migrantes desaparecidos en el cruce a Estados Unidos.
Horcasitas Martínez también menciona esfuerzos solidarios de personas no afectadas directamente, que acompañan a las familias buscadoras, como los voluntarios de la Brigada Humanitaria Marabunta.
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BNB), prosigue la experta de la IBERO, es otra red que busca agrupar a los colectivos a nivel nacional.
Pluralidad de acciones
La entrevistada señala que no solo hay una pluralidad de grupos, sino también una pluralidad de acciones que realizan.
Mientras que grupos como Guerreros Buscadores de Jalisco, que dieron con un campo de reclutamiento del narcotráfico en Teuchitlán, realizan búsquedas forenses, es decir, buscan cuerpos humanos, “también hay colectivos que solo hacen búsquedas en vida, que es ir a reclusorios, a hospitales, a campamentos donde se encuentran personas en situación de calle. Hay colectivos que se dedican a lo legislativo, a lo político y hay colectivos que se dedican a la memoria”, explica Horcasitas.
Responsabilidad del Estado
En el marco del reciente hallazgo en Teuchitlán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció “la importante labor” de las familias buscadoras de desaparecidos.
Al mismo tiempo, el organismo regional, hizo hincapié en que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”.
Ante la presión desatada por el caso de Teuchitlán, en Jalisco, el Gobierno mexicano se ha comprometido a crear una Plataforma Única de Identidad para localizar a personas con su Clave Única de Registro de Población (CURP), una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.
“Ahora que hay una respuesta por parte del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a cómo atender la problemática, hay que sumarnos a la exigencia de las familias de que nada se haga sin ellas”, opina la encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Y agrega que “las familias son las principales impulsoras de todo lo que existe hoy, del sistema nacional de búsqueda, son el corazón detrás de esto”.
(ms).