Estados Unidos cobra factura a narco-gobierno en México
Por Anabel Hernández.
Columna.
DW, 04/02/20254 de febrero de 2025.
Tras seis años de la política de “abrazos y no balazos” de AMLO hacia los carteles de la droga, que provocó la fase más mortífera de la pandemia de fentanilo en EE.UU., el gobierno de ese país pasa la factura a México.
La calurosa mañana del 5 de abril de 2017, cuando el sol se posaba sobre la ciudad de Nogales, una mujer mexicana cruzó la garita hacia Arizona con la calma de quien está habituada al cruce fronterizo. Llevaba a su hijo mayor de la mano y empujaba con la otra una carriola en la que viajaba su bebé, tan sereno como quien sabe que no carga ni culpa ni pecado.
Los agentes aduanales la vieron llegar con la misma indiferencia con que se observa la marea de viajeros que cotidianamente van y vienen en la frontera de México a Estados Unidos, entre la esperanza y la resignación. Pero al comenzar la aburrida inspección de rutina, uno de los oficiales quedó perplejo cuando en la carriola encontró 2,2 kilogramos de fentanilo, un peligroso opiáceo sintético que convertía los sueños en polvo y a los humanos en espectros.
La madre de familia fue arrestada y sus dos niños quedaron bajo custodia hasta que llegó su abuela a recogerlos.
Así comenzó una historia de crimen, drogas y narcopolítica que se desarrollaría durante los siguientes 7 años, la cual el primero de febrero pasado llegó a su clímax cuando el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de México de ser cómplice de los carteles de la droga y de la pandemia de fentanilo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cobró la vida de más de 400 mil personas.
“Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobre dosis de cientos de miles de estadounidenses”, señala el comunicado histórico del gobierno de Estados Unidos. Una acusación lapidaria de la cual hasta este momento nadie se ha retractado.
De esta forma, la Casa Blanca confirmó las investigaciones periodísticas que he realizado en los últimos 20 años. Particularmente durante los seis años que llevo publicando esta columna en la DW, cuyo contenido en diversos momentos ha provocado ataques furiosos por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Como sanción al narco-gobierno, Donald Trump decretó un arancel del 25 por ciento a todos los productos provenientes de México, acción que, si entra en vigor, causará un paro cardiaco a la frágil economía mexicana.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este momento la deuda pública más alta de lo que va en este siglo gracias a Andrés Manuel López Obrador. Una herencia maldita que junto con la de omisión y complicidad de él y miembros del partido MORENA con el crimen organizado puede significar una enorme ancla de acero que arrastre al fondo del mar el débil bote en que navega el gobierno de Sheinbaum.
El verdadero enemigo es el narco y quien lo protege
Nadie puede celebrar la encrucijada en la que se encuentra México ni la sanción impuesta por Trump. De concretarse, la más afectada será la población vulnerable con la cual los carteles de la droga mexicanos se ensañan cotidianamente.
Pero sería hipócrita y negacionista no admitir que en México existe un sistema criminal, donde la cotidiana corrupción de representantes populares y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno hace posible que los carteles de la droga mexicanos operen impunemente, produzcan y trafiquen sus drogas, y controlen una vasta zona del país, sometiendo a la población a través del terrorismo.
México no es un país soberano ni libre. Y no es culpa de EE.UU. sino de los grupos de delincuencia organizada y todos aquellos que los protegen. Son ellos el verdadero enemigo.
No necesitamos que Trump nos lo diga, los mexicanos lo sabemos de primera mano. Los cinco gobiernos que ha tenido nuestro país en lo que va de este siglo han tenido en diversos grados una relación de complicidad con los carteles de la droga.
He investigado en los últimos 20 años el narco-sistema que opera en México y he documentado la colusión de cada uno de esos gobiernos. Por desgracia, hasta ahora ningún partido político ni gobernante de modo serio y profundo ha querido combatir ese sistema.
Prueba de ello es que en los últimos 25 años ninguno de los líderes de tráfico de drogas más poderosos de México ha sido procesado y sentenciado en territorio nacional, sino en Estados Unidos: Osiel Cárdenas Guillen, líder del Cartel del Golfo; Alfredo Beltrán Leyva, líder del cartel de los Beltrán Leyva, y Joaquín Guzmán Loera, líder del Cartel de Sinaloa, quien incluso se dio el lujo de escapar dos veces de una prisión de alta seguridad en México, en 2001 y 2015.
Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos de primer nivel cómplices de los carteles de la droga. Ninguno ha sido ha sido procesado por el gobierno de México sino en EEUU: Tomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas; Genaro García Luna, secretario de seguridad pùblica Federal del Felipe Calderón; y el ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, quien de no ser por la intervención de AMLO hoy estaría sentenciado a al menos 20 años de prisión.
Pero la evidencia más contundente y dolorosa de la complicidad del gobierno y su protección a los carteles de la droga son las más de 500 mil personas asesinadas por el crimen organizado del 2006 a la fecha, las más de 115 mil personas desaparecidas, y los millones de personas que han tenido que abandonar sus comunidades a causa de la violencia impune de los carteles de la droga; son los millones de pequeños, medianos y grandes empresarios que pagan extorsiones al crimen organizado. Son las decenas de miles de mujeres, niñas y niños traficados y explotados sexualmente.
Si eso es “soberanía” entonces es la “soberanía del crimen”, y no es algo que nadie deba invocar en su defensa.
La masacre del fentanilo
AMLO, y ahora Claudia Sheinbaum, han negado rotundamente que en México se produce el fentanilo. Su mentira y consecuente inacción es lo que llevó a la actual crisis sin precedente con Estados Unidos, cuyo desenlace aún es incierto.
Diversos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a los que tuve acceso prueban de forma innegable que el gobierno de México documentó la producción de fentanilo en territorio nacional desde al menos 2016, durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Desde entonces se documentó que los precursores químicos con los que se produce provenían de China y entraban principalmente por el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, y por el puerto de Manzanillo en Colima.
La pandemia en Estados Unidos apenas comenzaba a convertirse en un tema serio. El gobierno de ese país y el de Peña Nieto crearon diversos equipos de trabajo para combatir la potente droga sintética.
En el primer encuentro entre el presidente de México y el entonces candidato republicano Donald Trump, éste hizo énfasis en el problema del fentanilo.
Al mandatario mexicano no le quedaba de otra que reconocer la problemática y durante julio de 2016 se llevó a cabo en Washington DC el primer encuentro entre la Procuraduría General de la República de México y la DEA para conformar un grupo binacional para combatir la heroína y el fentanilo.
El fenómeno de la nueva droga era totalmente nuevo para las autoridades mexicanas. Prueba de ello es un correo electrónico enviado en agosto de 2016 por la comandancia de la tercera región militar a Mathew A. Emrich del gobierno estadounidense: la SEDENA solicitó que le enviaran fotografías del fentanilo “para conocerlo ya que no lo conocemos, esto para que nuestro personal lo identifique y evitar algún accidente por su peligrosidad, y también para asegurarlo”, explicó el militar.
Para mayo de 2017 se llevó a cabo en México la Conferencia Nacional Química Forense “Fentanilo”, inaugurada por la entonces embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien reveló las primeras escandalosas cifras de muertes a causa de esa droga: 33 mil personas tan solo en 2015. La funcionaria advirtió que el opiáceo sintético es 50 veces más potente que la heroína y es más probable que cause una sobredosis.
Tres meses después, en Manzanillo, según documentos de la SEDENA, la Marina mexicana decomisó 36 toneladas de precursores químicos para producir fentanilo, pero hasta ese momento aún no se lograba detectar los laboratorios clandestinos que lo estaban fabricando.
Y en noviembre de 2017 se llevó a cabo en Queens, Nueva York, el decomiso más grande de fentanilo: 66 kilos en poder de Rogelio Alvarado y Blanca Flores, vinculados al Cartel de Sinaloa.
La dinámica de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos sobre la peligrosa droga apenas estaba naciendo cuando llegó al gobierno López Obrador, el 1 de diciembre de 2018.
El costo de los “abrazos y no balazos”
En cuanto asumió el poder, AMLO instauró una política pública de abrazos y no balazos hacia la criminalidad organizada. Declaró que no iba a combatir a los carteles y afirmó que los narcotraficantes son “pueblo”. Y contario a todas las pruebas documentadas, comenzó a mentir y negó que en México se produjera el fentanilo.
El gobierno de Trump intentó retomar la cooperación bilateral y de acuerdo a documentos oficiales a los que tuve acceso, en agosto de 2019 se creó un nuevo mecanismo de cooperación entre los dos países llamado Grupo de Alto Nivel de Seguridad México- EUA, mejor conocido como GANSEG MX-EUA. Su objetivo era coordinar la política de seguridad de México y la unión americana. Los responsables por parte del gobierno de AMLO eran la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por parte de Trump, el Departamento de Estado.
Uno de los subgrupos principales era sobre política de drogas y se hacía énfasis en el combate al fentanilo y los precursores con los que se produce.
Fue justo después de ese acuerdo de 2019 cuando la SEDENA encontró los tres primeros laboratorios de fabricación de fentanilo en México. Todos se localizaban en Sinaloa y pertenecían al Cartel de Sinaloa. Tengo en mi poder el documento oficial con las fotografías de todo el equipo para la elaboración clandestina. Dos se ubicaron en Culiacán y otro en Guamuchil.
El 15 de octubre de 2020, todo estaba listo para que se llevara a cabo la primera reunión de evaluación del GANGS. Pero ese mismo día fue detenido en Los Angeles, California, el ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.
Y aunque el propio AMLO primero celebró el arresto, luego recriminó al gobierno de Trump su captura e inició lo que en los hechos fue un re-enlentecimiento en la cooperación bilateral para luchar contra los carteles de la droga. Así la producción de fentanilo en México y su tráfico a Estados Unidos se multiplicó. De los 33 mil muertos en 2015, Estados Unidos pasó a 101 mil en 2023.
De acuerdo con cifras oficiales de la SEDENA, Sinaloa es el epicentro de la fabricación de fentanilo. Desde aquel primer laboratorio descubierto en 2019, hasta octubre de 2024 se han localizado 26. El 85 por ciento se ubicó en Culiacán donde, desde julio pasado, se libra una sangrienta guerra entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa.
No es casual que en el sexenio de López Obrador se haya favorecido particularmente a esa organización criminal. Una investigación de la DEA, corroborada por una investigación mía, confirma que al menos la campaña presidencial del 2006 de AMLO, recibió dinero de ese cartel.
Y en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum hubo participación directa de miembros de la familia del líder de esa organización, Ismael Zambada García “El Mayo”, y de su operador el narco-empresario ganadero Faustino Hernández, asesinado un día antes de que Sheinbaum tomara posesión como presidenta de México.
Inexplicablemente, durante los cuatro meses de gobierno, Sheinbaum sigue negando la producción de fentanilo en nuestro país. Y así México llegó a esta encrucijada.
Con la cabeza baja, en una llamada telefónica Sheinbaum habló con quien considera a su administración un narco-gobierno. Trump le dio el ultimátum de 30 días no solo para mandar 10 mil soldados a la frontera para impedir el tráfico de drogas y la migración. En ese plazo, el gobierno de Estados Unidos hará todo lo que este a su alcance para llegar a un acuerdo en el que puedan operar directa o indirectamente para atacar de manera armada a los carteles de la droga en territorio mexicano.
Mientras tanto, en diversas cortes federales de Estados Unidos narcotraficantes como “El Mayo” Zambada y los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán ya han comenzado a revelar información importante sobre sus nexos con el propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros del gobierno de Sheinbaum que son parte de lo que dio sustancia a la acusación de que hay un narco-gobierno en México.
(chp).