Sinaloa: rebelión contra el crimen y el narcogobierno
Por Anabel Hernández.
Columna.
DW, 24/01/202524 de enero de 2025
El Gobierno de México se encuentra en una encrucijada: por una parte, Donald Trump, sus deportaciones masivas y su guerra a los carteles. Por otra, la rebelión ciudadana en Sinaloa que se alza y grita “¡Ya basta!”.
La noche del 19 de enero Antonio Sarmiento, quien jamás habría imaginado que su destino sería entrelazado con los caprichos de la violencia, conducía por las calles de Culiacán, capital de Sinaloa, acompañado de sus dos hijos y un sobrino.
Era una escena sencilla, tan cotidiana como el acto de respirar, pero en Culiacán, donde hasta el aire està impregnado de pólvora y rezos mudos, incluso lo cotidiano ha dejado de ser seguro.
Desde hace seis meses esa tierra, donde los altares de Jesús Malverde, el santo patrono de los narcos, superan en número a los de la Virgen de Guadalupe, vive una narcoguerra.
Se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos, mueven sus piezas a punta de pistola y cometen atrocidades sin fin, disputándose el reino criminal que ambas familias, la del narcotraficante Ismael Zambada García y la de Joaquín Guzmán Loera edificaron juntos durante dos décadas.
Bajo la tolerancia de un Gobierno que se doblega a los intereses de la organización criminal, las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla, donde igual mueren culpables que inocentes.
La complicidad del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder con el apoyo de las dos facciones ahora en guerra, y la negligencia del Gobierno federal, encabezado ahora por Claudia Sheinbaum, terminaron de tejer la telaraña en la que esa noche cayó como presa Antonio Sarmiento y su familia. Esa noche no llegaron a su destino.
A pesar de los supuestos cientos de soldados y elementos de la Guardia Nacional enviados por Claudia Sheinbaum, que llegaron escoltados del estruendo de la propaganda mediática y promesas de imponer el orden, las calles de la capital de Sinaloa continúan obedeciendo solo a las leyes no escritas del crimen. Es como si la ciudad hubiera hecho un pacto secreto con sus verdugos, permitiéndoles moverse a voluntad, volviendo a sus caravanas de la muerte invisibles y omnipresentes.
Así, esa noche una lluvia de plomo cayó sobre el auto Toyota gris y acabó con la vida de Sarmiento, su hijo Gael de 12 años, y Alexander de 9, dejando mal herido a su sobrino. Un grupo de sicarios los masacró sin piedad.
Un día después, Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos y cumplió su amenaza de firmar la orden ejecutiva de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas extranjeros y, con ello, declaró la guerra a sus integrantes y todos aquellos que les den protección y les faciliten sus negocios criminales.
La combinación de ambos hechos generó una sacudida en la ciudadanía de Culiacán paralizada por el terror y la impotencia. Tras más de 160 días de cientos de ejecuciones, desapariciones, y una violencia que, como bestia, ha devorado la tranquilidad de los culiacanenses, finalmente estos dijeron “¡ya basta!”.
“Queremos que esto se acabe; si este Gobierno no tiene el poder de hacer que algo cambie, que se vaya”, reclamó Víctor Manuel Aispuro, el director de la escuela donde estudiaba Alexander.
La guerra que viene
El 20 de enero pasado, tal como lo anticipamos en esta columna, Trump firmó, en su primer día de gobierno, una orden ejecutiva en la cual designa a los carteles mexicanos como grupos terroristas extranjeros.
De igual manera, designó a la banda criminal Mara Salvatrucha, mejor conocida como MS-13 y al grupo delincuencial Tren de Aragua, la primera de El Salvador y la segunda de Venezuela.
Los tres núcleos criminales a quienes la principal potencia del mundo acaba de declarar la guerra afianzaron en los últimos seis años su centro de operaciones en México.
Cartel de Sinaloa, CJNG, M-13 y Tren de Aragua
Los grupos endémicos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son las dos organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo.
Operan en territorio mexicano bajo la protección de funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno. Esto les ha permitido ser los dos principales proveedores del mortal fentanilo que ha causado la muerte de màs de 360 mil personas en Estados Unidos en los últimos seis años.
Pese a negarlo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el opiáceo sintético fue fabricado por ambos carteles en México durante su sexenio. Negar esta producción oficialmente sirvió de escudo para justificar la nula actuación del gobierno ante el problema.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, señala en su informe anual de 2024 que el Cartel de Sinaloa actualmente tiene más de 21 mil miembros, opera en más de 20 estados de la República mexicana y tiene presencia en más de 100 países.
Mientras que el CJNG cuenta con al menos 18 mil afiliados, y conduce sus negocios criminales en 27 estados en México y en más de 80 naciones en el mundo.
Pero “los abrazos y no balazos” decretados por el Gobierno de López Obrador como política pública contra el crimen, fueron tierra fértil para que otras organizaciones encontraran en México un lugar seguro para incubar.
La Mara Salvatrucha (MS-13) se originó en Los Ángeles durante los años 80 por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil en su país. Inicialmente, surgió como un grupo para proteger a los jóvenes salvadoreños, pero rápidamente se transformó en una organización predatoria, centrada en extorsión y narcotráfico.
A partir de los 90, EE. UU. intensificó su lucha contra la MS-13, deportando a muchos de sus miembros, lo que contribuyó a la expansión de la pandilla en El Salvador y otros países de América Central, haciendo del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, una de las zonas más violentas del mundo.
Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, se implementaron medidas drásticas contra las pandillas, lo que resultó en la captura de gran parte de los miembros de la MS-13 en el país. Sin embargo, la MS-13 comenzó a expandirse en México, aprovechando la política de “abrazos y no balazos”.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de los cuales tengo copia, en 2022, a raíz de las políticas de seguridad en El Salvador, muchos pandilleros migraron hacia México, mezclándose con las caravanas migrantes para pasar desapercibidos. Su objetivo es establecer células en el país para continuar con actividades ilícitas como homicidios, extorsiones, narcotráfico, trata de personas, y tráfico de armas.
De acuerdo a la SEDENA actualmente la MS-13 tiene presencia en varios estados de México, incluyendo Tabasco, Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas. En 2023, el segundo al mando de la pandilla, José Wilfredo Ayala Alcántara, fue arrestado en la Ciudad de México.
Respecto a la organización Tren de Aragua, su presencia en Estados Unidos y en México ha crecido bajo el mismo modus operandi.
Comenzó como un grupo vinculado al sindicato de trabajadores ferroviarios en el estado de Aragua, Venezuela. Pero pronto se desvió hacia actividades criminales como extorsión, secuestros y robos. Con el tiempo, se expandió hacia el tráfico de drogas, trata de personas, contrabando de armas y más. Utilizando corrupción y violencia, la organización logró extender su influencia a varios países de América Latina, como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.
Comenzó a infiltrarse en Estados Unidos en los últimos 5 años mezclados con migrantes que cruzaron la principalmente por la frontera con México.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, fue el primero en designar al Tren de Aragua como grupo terrorista, y el director de seguridad pública del estado, Steve McCraw, lo comparó con cucarachas debido a su rápida proliferación y naturaleza violenta, destacando su involucramiento en actividades criminales como el tráfico de personas, extorsiones, secuestros y trata de migrantes.
Aunque el Gobierno de Sheinbaum, en un principio, había tratado de negar la presencia de esa organización criminal venezolana en México, a fines del 2024 no les quedó más remedio que reconocerlo cuando fue detenida una célula que operaba en la Ciudad de México dedicada a la explotación sexual de mujeres migrantes.
Para entender las decisiones de Donald Trump, es esencial considerar el contexto de los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales, que operan desde México y usan la frontera para ingresar a EE. UU y cometer delitos. Esto motivó medidas como redadas, deportaciones masivas y el despliegue militar para cerrar la frontera.
Trump declaró guerra no solo a estos grupos, sino también a quienes los apoyen, incluyendo Gobiernos, partidos y empresas. Esto pone a México en una posición crítica, especialmente al Gobierno de Claudia Sheinbaum, debido a la posible deportación masiva de migrantes y el impacto económico de la orden ejecutiva de Trump.
Según The New York Times, empresas y personas estadounidenses podrían retirar inversiones en México por temor a involucrarse, incluso involuntariamente, con actividades criminales, lo que podría acarrear sanciones graves que van desde confiscación de bienes hasta cargos penales.
¡Fuera narcogobernador!
A inicios del 2021, cuando Rubén Rocha Moya era candidato del partido Morena a la gubernatura de Sinaloa, revelé en esta columna que era apoyado por el narcotraficante Ismael Zambada García “El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa. Él mismo presumía de ello a sus compañeros de partido y equipo de campaña.
También revelé que, a sus aspiraciones políticas, se sumaron también los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, socio de “El Mayo”: Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín, mejor conocidos como “Los Chapitos”.
Tras la traición y captura de Zambada García, las dos facciones iniciaron una guerra en la que Rocha Moya quedó en medio, arrastrando al mismo abismo a la población. A fines de julio “El Mayo” acusó en una carta, que en la reunión a la que fue convocado y terminó siendo una trampa, iba a estar presente el propio gobernador y el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén. No era la primera sino una más de muchas reuniones que habían sostenido, por lo que el narcotraficante acudió con una escolta reducida.
Cuén fue asesinado en el lugar del encuentro, pero la Fiscalía del Gobierno de Sinaloa y el propio gobernador dieron una versión falsa de los hechos que después salió a la luz en las pesquisas que hizo la Fiscalía General de la República. Por una poderosa razón, aun no esclarecida, el Gobierno de Rocha Moya intentó encubrir el homicidio de Cuén.
Pese a ello, en vez de pedirle su dimisión y someterlo a una investigación, el entonces presidente López Obrador y la candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, fueron a Sinaloa a darle su respaldo, sellando su complicidad con un abrazo de impunidad que quedará registrado en la memoria colectiva.
La brutal narcoguerra estalló y los cuerpos de muertos se fueron apilando, al igual que los cientos de nombres de personas desaparecidas. La masacre contra Antonio Sarmiento y su familia podría haber sido una más, pero se ha convertido en la chispa de un levantamiento.
Así, sobre la estela de muerte dejada por los enfrentamientos entre Los Mayos y Los Chapitos, el 23 de enero cientos de ciudadanos vestidos con camisas blancas como palomas de la paz, encabezados por los profesores y compañeros de las escuelas de Gael y Alexander salieron a las calles para exigir a los carteles un cese al fuego y que el Gobierno reestablezca la paz en la ciudad vestida de luto.
El asesinato ocurrió a un costado de un hospital público del ISSSTE, y aunque Gael y Alexander aún respiraban cuando fueron llevados al lugar, se les negó atención médica. La indolente explicación del Secretario de Seguridad pública Estatal, el general Omar Rentería, enviado directamente por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, prácticamente responsabiliza a la propia familia de su muerte por transitar de noche en un auto de vidrios polarizados por lo que los criminales los habrían visto sospechosos.
Al grito unánime de “¡Narcogobierno!” y “¡Fuera Rocha!” un contingente encabezado por la madre de Gael y Alexander entró al palacio de gobierno para exigir una audiencia con Rocha Moya, quien se negó a recibirla. Ni siquiera dio la cara.
La encrucijada de Claudia
Ojalá el Gobierno de México deje la pasividad que ha tenido en los últimos seis años y tome la iniciativa de, sin sacrificar independencia y soberanía, trabajar conjuntamente con Trump en hacer más segura la frontera y reducir a los carteles de la droga, la MS-13 y el Tren de Aragua a su mínima expresión. Esto beneficiaría a ambas naciones.
Así podría ubicarse en la posición de exigir al Gobierno de Estados Unidos que frene el tráfico de armas y el flujo de las ganancias multimillonarias de los carteles que corre de ese país hacia México.
El reloj corre en contra de Claudia Sheinbaum y su partido político. Si continua su apoyo a Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios con señalamientos de vínculos con los carteles mexicanos, no solo corre el riesgo de quedar marcada por su incomprensible tolerancia ante el crimen, como ocurrió con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, sino también de que el Gobierno de México quede clasificado por el de Trump como protector de narcos.
(chp/ms).