En busca de garantizar recursos para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, la diputada Rocío Rebollo Mendoza propuso reformar el artículo sexto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La iniciativa busca que se asignen partidas presupuestarias necesarias para que las entidades puedan adoptar este código antes del 1 de abril de 2027, como lo establece la ley.
“El reto apenas comienza, ya que este código exige no solo la adecuación de los marcos jurídicos locales, sino también recursos que hoy no están garantizados”, señaló la legisladora, en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Advirtió que, a diferencia del sistema procesal penal acusatorio, cuya implementación entre 2011 y 2016 contó con apoyo federal, este nuevo sistema recae completamente en los congresos locales, según lo estipulado en el transitorio sexto del decreto.
Rebollo Mendoza destacó que los poderes judiciales locales, responsables del 70% de la carga de trabajo en el país, operan con menos de la mitad del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. “Sin inversión federal en infraestructura, tecnología y capacitación, este código podría quedarse en un sueño irrealizable”, afirmó.
La diputada subrayó la necesidad de recursos para evitar que las restricciones presupuestales frenen la eficacia del sistema y pidió respaldo para garantizar una transición que responda a las exigencias de justicia en el país.