El Congreso del Estado de Durango aprobó la minuta del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
Esta reforma tiene como objetivo garantizar y proteger los derechos de estos pueblos, promoviendo una nueva relación entre el Estado y las comunidades originarias.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la necesidad de realizar una consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas antes de que el Estado tome decisiones que afecten sus territorios y recursos. Este mecanismo es esencial para garantizar que las decisiones que involucran a estos pueblos se tomen con pleno respeto a su autonomía.
Además, la reforma reconoce el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en el desarrollo de sus comunidades, promoviendo su inclusión en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
Otro aspecto crucial de la reforma es la atención adecuada a la niñez, adolescencia y juventud indígena, asegurando que reciban servicios y atención en sus lenguas propias, y así preservar de su identidad cultural y a su pleno desarrollo.