El Congreso del Estado de Durango aprobó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La nueva normativa permitirá que la revisión de las cuentas públicas de los 39 municipios, organismos autónomos y el Gobierno del Estado se realice durante el año fiscal en curso, en lugar de en ejercicios posteriores, como se hacía anteriormente.
Esta ley, presentada durante la segunda sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, homologa la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con ello, la Auditoría Superior del Estado (antes EASE) tendrá la facultad de revisar los procesos concluidos que los sujetos de fiscalización reporten en sus informes preliminares, además de investigar posibles daños a la hacienda pública o al patrimonio público derivados de denuncias.
Alejandra del Valle Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó la importancia de esta nueva legislación para generar confianza en la ciudadanía, destacando la necesidad de actuar con profesionalismo, credibilidad, transparencia e imparcialidad. También subrayó la importancia de utilizar herramientas electrónicas que permitan a los ciudadanos consultar la información de manera accesible.
Por su parte, Verónica Pérez Herrera, legisladora del Partido Acción Nacional, resaltó que el nuevo ordenamiento representa un avance significativo en la fiscalización estatal, al introducir innovaciones como la autoridad investigadora y sustanciadora, el buzón digital y el Sistema de Registro y Contabilidad Gubernamental.
Rosa María Triana Martínez, diputada del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la nueva ley busca asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que aquellos que los desvíen o hagan mal uso de ellos enfrenten sanciones reales.
La ley también establece la creación de una plataforma electrónica que agilizará los procesos de fiscalización, permitiendo a los servidores públicos realizar notificaciones y procedimientos de manera digital. La Auditoría Superior del Estado será responsable de investigar y substanciar faltas administrativas detectadas, promoviendo las responsabilidades correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.