México: grito desesperado del Poder Judicial ante la reforma
DW, 210824.
Con una histórica huelga, el Poder Judicial espera frenar el avance de una reforma que se antoja inevitable. ¿Peligra la autonomía del sistema de impartición de justicia en México?
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Este 21 de agosto, uno de los tres Poderes del Estado mexicano interrumpió sus funciones: por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial entró en un paro indefinido, en protesta por la reforma judicial impulsada por el Gobierno saliente.
De acuerdo con el ente convocante de la huelga, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), se suspenden las actividades “para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”.
La reforma presentada en febrero de 2024 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría ser votada en septiembre, y, dada la amplia mayoría de la coalición oficialista en el Poder Legislativo, es probable que sea ratificada.
“Una medida inédita”
“El paro es la culminación de un proceso de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que ya dura seis años, y esta reforma llevó a los jueces y magistrados a la decisión límite de detener sus labores para defender sus trabajos y la integridad del Poder Judicial”, señala el Dr. Julio Ríos Figueroa, profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Esta medida de fuerza es inédita”, agrega la Dra. Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La huelga “no es un repertorio usual en la judicatura y, por ello, tiene un efecto simbólico muy fuerte”, explica.
En entrevista con DW, la académica resalta la consigna de los huelguistas, que daría cuenta del nivel de enfrentamiento y la situación desesperada del Poder Judicial: en defensa de “la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
¿Reforma contra la “corrupción”?
De aprobarse la reforma propuesta por el presidente López Obrador, a partir de 2025, los mexicanos podrán elegir en las urnas a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al 50 por ciento de los jueces en todo el país.
El mandatario insiste en que su iniciativa no va dirigida contra los funcionarios judiciales en general, sino que busca eliminar la corrupción y los privilegios, sobre todo, en las altas esferas del Poder Judicial.
No obstante, en opinión del politólogo Ríos Figueroa, la reforma es “incorrecta”, porque no ayuda a combatir la corrupción: “El principal foco de la corrupción, tanto en el sistema de Justicia como en la sociedad, está en las fiscalías, pero ese aspecto no se toca con la reforma”, dice a DW.
Además, agrega, es necesario mejorar el acceso a la Justicia si se busca democratizarla, como argumenta el Gobierno.
El partido oficialista Morena tampoco depende de la reforma para controlar el Poder Judicial, prosigue el entrevistado, porque sus amplias mayorías le permitirían tener influencia en los futuros nombramientos en la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
Adiós a la carrera judicial
Los huelguistas critican sobre todo la posible sustitución de las personas que actualmente integran el Poder Judicial y los procesos de selección: “La reforma implica cambiar radicalmente las formas de reclutamiento de las personas impartidoras de Justicia”, observa la investigadora Karina Ansolabehere.
El sistema actual de concursos profesionales sería reemplazado por uno en el que las autoridades judiciales serán elegidas por voto popular a partir de candidaturas aprobadas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, explica a DW Stephanie Brewer, directora para México de la organización de derechos humanos estadounidense WOLA.
“Retroceso para la independencia judicial”
“Si hace falta la aprobación de los Poderes del Estado o hacer campañas electorales para ocupar puestos judiciales, se generan filtros importantes en el proceso de nombramiento de jueces y magistrados, que no tienen que ver necesariamente con capacidades, con aplicar la ley, con proteger los derechos humanos, sino con consideraciones políticas o populistas”, subraya la experta, quien teme que la reforma podría significar “un retroceso grave para la independencia judicial”, que acabaría “perjudicando a la población”.
“Me parece una oportunidad perdida que estemos dedicándole tanto tiempo a una reforma incorrecta, innecesaria y arbitraria, cuando sí hay muchas cosas que arreglar del sistema de Justicia en México”, lamenta el profesor de Derecho Ríos Figueroa.
Por su parte, la académica Ansolabehere duda que los huelguistas puedan frenar la reforma, pero espera que puedan negociar la gradualidad de la elección de las personas juzgadoras.
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México: Morena emula a Bolivia en la elección de jueces
DW, 18/06/202418 de junio de 2024.
Los mexicanos están descontentos con su sistema judicial. La elección popular de los jueces, como la plantea el partido gobernante, solo empeoraría el sistema, advierten expertos.
El proyecto para la elección popular de los jueces en México avanza a grandes pasos. Lo propuso el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su plan es dejarlo aprobado antes de que asuma su sucesora, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de este año.
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que ambos pertenecen, cuenta con mayoría casi absoluta en el Congreso que entra en funciones el 1 de septiembre, aunque en el Senado le faltan dos votos para aprobar reformas constitucionales como la propuesta.
Descontento con una justicia disfuncional
Este lunes 17 de junio, Claudia Sheinbaum presentó unas encuestas exprés encargadas por el gobernante Morena. Según estos sondeos, criticados en su metodología por la oposición, entre el 68 y el 75 por ciento de las personas opinaron que los jueces deben ser elegidos por voto popular.
Esos números reflejan el descontento con un sistema judicial percibido como ineficaz y corrupto. México tiene una altísima impunidad: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 92,4 % de los delitos no se investigan porque no se denuncian o porque los Ministerios Públicos no abren las investigaciones.
¿Resolverá la elección popular estos problemas? DW consultó el tema con expertos.
Lo que cambiaría con la reforma
Según el proyecto planteado por AMLO, se elegiría por voto popular a los jueces superiores y federales de todo el país, en total unos 7.000, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los garantes constitucionales, deciden sobre delitos federales como crimen organizado, y conceden los amparos, una figura clave para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder.
Para postularse, basta con tener cinco años de experiencia como abogado, sin necesidad de una especialidad. “Significa una curva de aprendizaje muy compleja, en perjuicio de la sociedad”, advierte a DW Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Hoy en día, se llega a esos niveles superiores luego de una larga carrera de formación, especialización (por ejemplo, en materia civil, penal o comercial) y concursos. “Para ser jueza de distrito, nos presentamos 3.000 postulantes para 20 cargos”, recuerda Molina de la Puente.
“Somos árbitros, no jugadores”
Además, critica el tema de hacer campaña. “No somos políticos, nuestro papel es diferente y nuestras exigencias y reglas también”, señala. “Hablando en términos futbolísticos, somos árbitros, no jugadores”.
Otro peligro es que estas campañas sean financiadas por grupos de interés o el crimen organizado con el fin de corromper los juzgados.
Someter a un contrapeso molesto
Molina de la Puente considera que el trasfondo de la reforma es el enojo del presidente saliente con la Corte Suprema, que ha frenado varios de sus intentos de cambiar la Carta Magna, por considerarlos inconstitucionales.
“La reforma se da en un contexto de años de ataques sistemáticos del partido en el poder, criticando que los jueces sólo ponen trabas al presidente”, explica la magistrada. “Pareciera que la reforma tiene como objetivo someter a un contrapeso considerado molesto”.
Ejemplo de Bolivia: justicia a pedido
En eso coincide Rafael Archondo, doctor en investigación social, quien actualmente cursa un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Archondo es boliviano de nacimiento, único país del continente donde se elige a los jueces por voto popular, luego de una reforma del año 2011.
“Como resultado, la dependencia de la Justicia del Poder Ejecutivo ha crecido mucho”, afirma el también exdiplomático, y da un ejemplo: “Los jueces electos habilitaron en 2017 la posibilidad de una reelección indefinida de Evo Morales (entonces presidente izquierdista), en contra de la Constitución.
Cuando la opositora Jeanine Áñez llega al cargo en 2019, se ponen del lado del nuevo Ejecutivo, inhabilitan a Evo y persiguen a sus colaboradores, y cuando gana Luis Arce, abren un proceso contra Áñez, ante quien se habían arrodillado antes”, resume Archondo.
Ante tantas piruetas judiciales, el rechazo de la población es tal que, en la última votación judicial, el 66 % anuló o depositó la boleta en blanco. Hasta el exvicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, dijo estar asqueado por una corrupción judicial que “apesta”.
Muchos cuellos de botella
La perspectiva de una Justicia politizada, con falta de reglas claras, en una potencia económica como México, pone muy nerviosos a los inversionistas. En los últimos días, el peso mexicano y la bolsa de valores han registrado una alta volatilidad.
Para calmar los ánimos, Molina de la Puente propone un debate donde se analicen con seriedad los problemas. Ella ya ha identificado algunos cuellos de botella: “Tenemos tres jueces por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 24. Y eso con las condiciones sociales y el contexto de violencia en México es insuficiente”, afirma.
Apunta también a un problema grave en las Fiscalías y los Ministerios Públicos, el primer eslabón que solo pasan 10 % de los delitos denunciados. “De los pocos casos que se judicializan, muchos no tienen investigaciones ni pruebas sólidas, y nosotros como juzgadores debemos tener el principio de presunción de inocencia”, subraya la experta.
“México tampoco ha seguido los lineamientos de la ONU de garantizar un presupuesto mínimo al poder judicial”, añade.
Bolivia, caso único
Sin este tipo de reformas de fondo, hay poca esperanza de que la justicia mejore para el ciudadano común y corriente, como lo demuestra el caso de Bolivia. “En los niveles inferiores, todo sigue funcionando pésimo y sin recursos”, dice Archondo.
Él recomienda a México no vincular la selección de los jueces al voto popular. “Es un servicio que no se puede electoralizar”. En su opinión, sería un error seguir el ejemplo de su país. Excepto Bolivia, ningún otro país ha seguido este camino. “No creo que toda la humanidad esté equivocada”, puntualiza Archondo.
(ers)